Por Dr. Alexis Vargas Ph.D
Durante años, Venezuela acumuló una pesada factura jurídica derivada de las expropiaciones ejecutadas durante el gobierno de Hugo Chávez. Empresas como Crystallex, por el proyecto aurífero Las Cristinas, y ConocoPhillips, por sus inversiones petroleras, acudieron al arbitraje internacional y obtuvieron decisiones multimillonarias contra Venezuela. Pero cobrar era otra historia. El gran activo venezolano situado en territorio estadounidense era CITGO, formalmente separado por una cadena corporativa: Venezuela es propietaria de PDVSA; PDVSA controla PDV Holding; y esta controla CITGO. Allí comenzó una batalla que terminaría convirtiendo una discusión petrolera en una extraordinaria discusión sobre soberanía, sociedades comerciales y responsabilidad patrimonial.
El punto de inflexión llegó cuando la justicia estadounidense aplicó contra Venezuela y PDVSA la doctrina del alter ego, una suerte de levantamiento del velo corporativo. La estructura societaria dejó entonces de ser una muralla infranqueable: si PDVSA funcionaba como instrumento del Estado venezolano, determinados activos de aquella podían responder por obligaciones de este. Ese razonamiento abrió el camino hacia PDV Holding y, consecuentemente, puso en peligro el control de CITGO. En términos sencillos para el lector: detrás de las diferentes razones sociales aparecía finalmente el mismo beneficiario económico, Venezuela.
Aquella decisión produjo un problema que hoy trasciende a Crystallex, ConocoPhillips y los demás acreedores: ¿cómo puede Venezuela comercializar petróleo, recibir recursos y utilizarlos sin que el dinero termine inmediatamente expuesto a embargos, retenciones u oposiciones de acreedores? Aquí comienza lo verdaderamente interesante. La administración de Donald Trump ha construido una arquitectura jurídica, financiera y política mediante la cual determinados ingresos petroleros venezolanos no necesariamente recorren el viejo camino de entrar directamente a cuentas controladas por Venezuela. El dinero pasa por estructuras protegidas y administradas bajo autoridad estadounidense, creando, en los hechos, un cortafuegos entre los recursos y quienes pretenden ejecutarlos.
No se trata simplemente de petróleo. Trump necesita el petróleo venezolano y Venezuela necesita venderlo. Estados Unidos posee una gigantesca infraestructura privada de refinación, transporte, distribución y comercialización, mientras el crudo pesado venezolano tiene características conocidas por determinadas refinerías estadounidenses. Integrar nuevamente ese suministro permite intervenir indirectamente sobre una cadena que comienza en el pozo venezolano y termina en la estación de gasolina norteamericana. No significa que Washington determine administrativamente el precio final; significa que puede aumentar oferta, reducir presiones y disponer de otra herramienta para amortiguar los efectos internos de una crisis energética internacional.
Trump sabe que no puede permitirse siquiera el escenario de una gasolina acercándose a los US$10 por galón. No importa aquí si ese precio llegaría finalmente a materializarse: importa lo que semejante posibilidad significaría para la inflación, el consumo, las tasas de interés y, sobre todo, para las urnas electorales. Mientras continúe la inestabilidad en Oriente Medio, cualquier presión severa sobre la oferta mundial de petróleo puede trasladarse al consumidor estadounidense. Y cuando la energía sube, no solamente aumenta el costo de llenar el tanque: suben el transporte, los alimentos, la producción y buena parte de la estructura de costos de la economía.
La secuencia puede convertirse entonces en una pesadilla económica y política: mayor energía alimenta presiones inflacionarias; una inflación persistente limita la capacidad de la Reserva Federal para reducir las tasas e incluso puede obligarla a mantenerlas elevadas; el crédito se encarece, la actividad económica se resiente y aumenta la presión sobre el empleo. Al mismo tiempo, tasas elevadas incrementan el costo de refinanciar una gigantesca deuda federal y absorben una proporción creciente del presupuesto mediante el servicio de esa deuda. Lo que comenzó como un barril de petróleo termina alcanzando la tarjeta de crédito, la hipoteca, el empleo, el presupuesto federal y, finalmente, el voto.
Aquí aparece la segunda genialidad —o la segunda “trampilla”, dependiendo desde dónde se observe— del esquema. Venezuela representa una enorme necesidad financiera y social. Si Washington asumiera directamente buena parte de esa carga, terminaría trasladándola al contribuyente estadounidense. Pero si Venezuela vuelve a producir, exportar y generar recursos propios, mientras Estados Unidos controla jurídicamente los canales mediante los cuales esos recursos pueden ser utilizados, Venezuela comienza a pagar con su propio petróleo una parte de la factura de Venezuela. Para Trump, el mecanismo tiene una lógica política extraordinariamente atractiva: petróleo para el mercado estadounidense, recursos para las necesidades venezolanas y menor presión directa sobre el bolsillo del contribuyente norteamericano.
Y aquí surge la gran paradoja jurídica. Los acreedores pasaron años perforando el velo corporativo para demostrar que separar formalmente a Venezuela, PDVSA y su estructura estadounidense no podía convertirse en un mecanismo para impedir la ejecución de obligaciones legítimamente reconocidas. Ahora Washington construye otro muro, esta vez no societario sino soberano, financiero y regulatorio, alrededor de determinados ingresos petroleros venezolanos. El dinero existe, el petróleo se vende y Venezuela puede beneficiarse de esos recursos, pero el recorrido jurídico del dinero cambia. Y cuando cambia el recorrido, cambia también la capacidad del acreedor para alcanzarlo.
¿Se está protegiendo al pueblo venezolano o se está burlando legítimamente —mediante ingeniería jurídica de Estado— a los acreedores de Venezuela? Esa será materia para abogados, tribunales y arbitrajes durante muchos años. Lo indiscutible es la sofisticación del mecanismo: Estados Unidos procura proteger su mercado energético; Trump protege un flanco económico que puede decidir elecciones; Venezuela recupera capacidad para generar y utilizar recursos; y los acreedores descubren que haber logrado atravesar una vez el velo corporativo no significa necesariamente poder atravesar ahora el escudo soberano de Washington.
Al final, petróleo, derecho, economía y geopolítica vuelven a encontrarse en el mismo lugar. Chávez expropió; los acreedores demandaron; los tribunales levantaron el velo; CITGO quedó expuesta; y ahora Trump intenta escribir un capítulo diferente: que el petróleo venezolano vuelva a circular, que sus dólares sirvan a los intereses de Venezuela y de Estados Unidos, y que el mecanismo financiero sobreviva al asedio de quienes tienen sentencias y laudos por cobrar. En política internacional, como en el derecho, cuando el camino nuevo está bloqueado siempre queda la posibilidad de regresar —con una buena arquitectura jurídica— por los caminos viejos.
