La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que regula los contratos de alquiler de inmuebles en el país, tras acoger las modificaciones enviadas por el Senado. La normativa será remitida al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación.
Entre los principales cambios, la nueva legislación establece que los inquilinos deberán entregar dos depósitos como garantía al momento de firmar un contrato de alquiler de vivienda. Esos fondos serán depositados en el Banco Agrícola o en el Banco de Reservas y devueltos al concluir el contrato, siempre que el inmueble sea entregado en buen estado.
La ley también contempla que si el arrendatario debe desalojar por reparaciones mayores del propietario, no pagará renta durante ese período. Además, una vez concluidas las mejoras, se prorrogará el contrato por el tiempo que hayan durado las reparaciones.
Por otro lado, el inquilino será responsable de mantener el inmueble y de reparar daños ocasionados por él o por sus dependientes. Asimismo, se introduce un régimen sancionador: los abogados y alguaciles que ejecuten desalojos sin autorización podrán enfrentar penas de tres a cinco años de prisión y multas de 10 a 50 salarios mínimos del sector público.
La nueva norma también establece que el juzgado de paz debe iniciar un proceso de conciliación previo a cualquier demanda por incumplimiento del contrato de alquiler.
