SANTO DOMINGO. – En medio del proceso judicial que se sigue por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, tragedia que cobró la vida de más de 200 personas, la familia del fenecido merenguero Rubby Pérez formalizó este martes una querella contra los propietarios del establecimiento, Antonio y Maribel Espaillat.
La querella fue presentada como un acto que busca no solo justicia penal, sino también preservar la memoria de las víctimas, incluido el legendario artista. La familia expresó que el recurso legal es, además, “un acto de memoria colectiva”, con el que procuran esclarecer a fondo lo ocurrido, establecer responsabilidades y asegurar que este hecho no sea olvidado en la historia institucional del país.
El juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, deberá decidir en las próximas horas sobre la solicitud de medidas de coerción contra los imputados, en un proceso que el Ministerio Público busca que sea declarado complejo. La Fiscalía ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para Antonio Espaillat, mientras que para su hermana Maribel Espaillat ha pedido arresto domiciliario, debido a su estado de salud. Maribel fue hospitalizada tras su detención, pero fue dada de alta este lunes y trasladada al Palacio de Justicia.
Antonio Espaillat cumple ya su sexta noche detenido en la cuarta planta del referido recinto judicial, a la espera de que se le conozca medida de coerción.
El expediente acusatorio presentado por el Ministerio Público atribuye el colapso a una serie de negligencias en el mantenimiento del inmueble, así como a la desatención de advertencias previas. Una de las pruebas clave es el testimonio de Gregorio Adames, quien laboraba como encargado de reservaciones en el Jet Set. Adames declaró que, el mismo día del derrumbe, alertó a Antonio Espaillat sobre la caída de pedazos del techo y le sugirió cancelar la actividad. Sin embargo, según el Ministerio Público, las advertencias fueron desoídas.
Mientras se desarrolla el proceso judicial, decenas de familiares de las víctimas continúan apostados frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, exigiendo que se haga justicia y que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos.
