Santo Domingo.- El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana ha tenido que desembolsar más de 261 millones de pesos en sentencias condenatorias durante el año 2024, convirtiéndose en una de las instituciones más afectadas por fallos judiciales contra el Estado. Estos pagos se derivan de dos sentencias judiciales, lo que pone de manifiesto la magnitud del problema y el impacto de los litigios en las finanzas públicas.
Desde 2018, el Estado dominicano ha tenido que pagar más de 9,582 millones de pesos en cumplimiento de sentencias condenatorias, según datos del Ministerio de Hacienda. Las demandas que involucran al Ministerio de Medio Ambiente se centran principalmente en el uso y expropiación de terrenos protegidos, daños y perjuicios, y conflictos relacionados con permisos ambientales otorgados o denegados.
El alto costo de estos litigios ha generado preocupaciones sobre la capacidad del Ministerio de Medio Ambiente para gestionar eficazmente las políticas de protección ambiental, sin que los recursos destinados a estas tareas se vean comprometidos por las demandas judiciales. Estos pagos millonarios también reflejan la necesidad urgente de mejorar la gestión jurídica y administrativa dentro de las instituciones públicas.
Aunque otras entidades del gobierno, como Bienes Nacionales y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), también se han visto afectadas por sentencias judiciales, el caso del Ministerio de Medio Ambiente destaca debido a su impacto directo en áreas protegidas y políticas de desarrollo sostenible.
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