Se complica situación jurídica del Grupo Telemicro: Presentan demanda por RD$10 millones contra Tecnodisa o ASTER sus dueños y ejecutivos por estafa, defraudación y falsedad tributaria

Altanto.com.do

La situación jurídica del Grupo Telemicro, propiedad del señor Juan Ramón Gómez Díaz, se torna cada vez más complicada, debido a demandas y condenas en los tribunales por deudas acumuladas y no pagadas, así como por otras acciones violatorias a las leyes.

El más reciente caso tiene que ver con la empresa proveedora de servicios de cable e internet Tecnología de la Comunicación Satelital Moderna S.A. (Tecnodisa), conocida como Aster, la cual enfrenta, junto a sus ejecutivos, una querella penal y demandas civiles.

Entre los accionantes figuran la empresa Kopos Elektro RD S.R.L. y la señora Wendy Cabrera Núñez, quienes reclaman 10 millones de pesos por daños económicos y morales, por supuestamente usar ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) comprobantes fiscales no autorizados.

Los demandados, además de Tecnodisa y/o Aster, son Ramón Andrés Gómez Gómez, Ivette Esmeralda Gómez Gómez, Francisco Saturnino Durán González, Gladys del Carmen Gómez Cabral de Gómez, Luis León Gómez Díaz, Nereydo Gabriel Gómez Gómez, Ramón Rafael Reynoso Gómez y Arianni J. Gomez Ureña.

El representante legal de Kopos Elektro RD S.R.L. y la señora Wendy Cabrera Núñez, Nilson Abreu, declaró que Tecnodisa cometió estafa, defraudación y falsedad tributaria.

Otros casos

Recientemente, la segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo confirmó la sentencia que condenó al señor Juan Ramón Gómez Díaz y a sus empresas Telemicro, Adter y Viva al pago de US$30,060,145.08 y RD$11,344,441.94 (más de 1,700 millones de pesos por servicios de arrendamiento no pagado a las empresas Phoenix Tower Dominicana, A.A.S (PTD) y Teletorres del Caribe.

La sentencia número 1500-2026-SSEN-00249, del 6 de julio de 2026, confirmó la sentencia número 1289-2024-SSENT-00187 de la Quinto Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia que además ordenó un embargo retentivo a cuentas de 13 bancos y cuatro empresas de comunicación por el monto de la condena.

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