Ante el alto número de muertes por accidentes de tránsito en el país, el Gobierno y diversos sectores impulsan modificaciones a la Ley de Tránsito No. 63-17 con el objetivo de mejorar la seguridad vial y fortalecer el cumplimiento de las normas.
De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística (ONE), en 2023 se registraron 1,949 muertes por accidentes de tránsito, lo que representó el 42 % de los fallecimientos accidentales y violentos del año. A pesar de los esfuerzos por reducir estas cifras, el promedio anual de víctimas en los últimos 17 años se mantiene en 1,844, lo que evidencia la necesidad de medidas más efectivas.
El reciente caso de Aída Nicole Reyes Gómez, una joven de 21 años que perdió la vida en un accidente el 26 de febrero, ha reavivado el debate sobre la aplicación de la ley. La conductora involucrada, Raquel Guzmán Torres, dio positivo en la prueba de alcoholemia, pero el resultado no fue considerado adecuadamente en el proceso judicial, lo que ha generado cuestionamientos sobre la efectividad de las sanciones.
Entre las reformas propuestas se incluyen sanciones más severas, mayor control en la fiscalización y una educación vial más efectiva. También se plantean la extensión del período de prescripción de infracciones, la retención de vehículos por faltas graves y la implementación de pruebas de alcoholímetro en horarios nocturnos.
Fran Aristy, experto en seguridad vial, considera que es clave que las multas sean proporcionales y que se refuercen las campañas de concienciación en todos los niveles de la sociedad.
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