En la República Dominicana existe una contradicción que ya no puede seguir normalizándose: el turismo crece, las inversiones se multiplican, pero la derrama económica real no llega a las comunidades donde se levantan los grandes hoteles. Punta Cana, Puerto Plata y Samaná son vitrinas internacionales de playas perfectas y resorts de lujo, pero basta salir del perímetro turístico para encontrar calles llenas de hoyos, grietas, sin drenaje pluvial y con servicios básicos precarios. Eso no es desarrollo: es maquillaje económico.
Los datos salariales explican con crudeza esta realidad. Con una tasa de referencia de 62.95 pesos por dólar, la distribución de ingresos en el país revela un modelo económico profundamente fracturado:
- El 23,4% de la población vive con hasta RD$15,000 (unos USD 238 al mes), en pobreza extrema o indigencia.
- Casi la mitad del país (45,8%) gana entre RD$15,001 y RD$30,000 (USD 476), apenas en modo supervivencia.
- Solo un 10,1% alcanza ingresos que podrían considerarse de clase media emergente (RD$50,001 a RD$100,000), y menos del 4% supera los RD$100,000 mensuales.
Con esta estructura salarial, ¿de qué progreso estamos hablando? No es solo desigualdad; es un sistema que concentra la riqueza en pocas manos mientras la mayoría lucha por cubrir una canasta básica que supera, en muchos casos, sus ingresos totales.
Más preocupante aún es la ruta del dinero que financia muchos de los grandes proyectos turísticos. Durante décadas, importantes grupos empresariales han operado bajo exenciones fiscales que ya no tienen sustento económico ni social. Incentivos que debieron ser temporales se volvieron privilegios permanentes, perpetuando un ciclo en el que el Estado renuncia a recursos que podrían invertirse en salud, educación e infraestructura para la población local.
Se le vende al país una narrativa de crecimiento, pero los salarios demuestran que ese crecimiento no se distribuye. Peor aún, el dinero de los trabajadores, administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), se presta a grandes conglomerados e intereses económicos, pero no a los propios aportantes que financian el sistema. Miles de dominicanos envejecen o mueren sin haber accedido jamás a los frutos de sus ahorros forzosos, mientras el sistema financiero usa esos fondos para apuntalar a quienes menos lo necesitan.
Las preguntas son inevitables:
¿Por qué al trabajador de a pie se le descuenta cada quincena, mientras a las grandes fortunas se les exoneran impuestos de manera indefinida?
¿Por qué el sistema de pensiones presta al poderoso, pero no al ciudadano que sostiene el fondo con su esfuerzo diario?
¿Es esto desigualdad estructural, o es injusticia diseñada?
El problema no es la inversión extranjera ni el turismo en sí. El problema es para quién funciona ese modelo. No es el crecimiento lo que está en duda, sino quién lo disfruta. Mientras las playas de postales ocultan la realidad de barrios sin agua potable y escuelas sin recursos, el “milagro económico” dominicano se convierte en una farsa para la mayoría.
La República Dominicana —y muchos países en vías de desarrollo seducidos por el espejismo del crecimiento rápido— necesita un cambio de enfoque real: reglas fiscales justas y con fecha de vencimiento, salarios dignos, transparencia en el uso de los fondos de pensiones y un modelo de desarrollo que beneficie no a un grupito, sino a la mayoría que hoy solo sobrevive.
El turismo puede ser una fuerza de transformación social, pero solo si se entiende como un puente hacia la inclusión, no como un muro que separa el lujo de la necesidad. Mientras no se corrija esta fractura, el paraíso seguirá siendo, para demasiados, una promesa vacía.
