Caracas. — El Gobierno venezolano confirmó que Estados Unidos revocó las licencias que permitían operar en el país a varias empresas transnacionales del sector petrolero y gasífero, en una nueva escalada de tensiones entre Washington y Caracas.
La decisión, que afecta a compañías como Chevron (EE.UU.), Repsol (España) y Maurel & Prom (Francia), forma parte de las sanciones impuestas por EE. UU. desde 2019, con las cuales busca presionar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, al que no reconoce como legítimo.
La petrolera francesa Maurel & Prom confirmó este lunes que recibió una notificación del Departamento del Tesoro de EE. UU., fechada el 28 de marzo de 2025, informando la revocación de la licencia específica que le permitía operar en Venezuela desde mayo de 2024. La empresa indicó que recibió una licencia de transición hasta el 27 de mayo para cerrar sus operaciones.
Por su parte, la vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que el Gobierno venezolano ha mantenido “comunicación fluida” con las empresas afectadas, y reiteró que Venezuela está “lista para continuar cumpliendo con los contratos” en el marco de sus leyes nacionales.
Venezuela, que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, producía alrededor de 3 millones de barriles diarios (bd) hace 25 años, pero actualmente su producción ronda apenas 1 millón de bd, en gran parte por las sanciones, la mala gestión y la caída de los precios del crudo.
Las operaciones de Chevron aportaban cerca de 220,000 bd, mientras que Repsol contribuía con 60,000 bd y Maurel & Prom con unos 20,000 a 25,000 bd.
Expertos como César Aristimuño, director de la consultora Aristimuño Herrera & Asociados, advirtieron que la salida de Chevron podría tener consecuencias significativas para la economía local, ya que es uno de los principales generadores de divisas en el sector bancario venezolano.
La nueva licencia 41B, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), extiende hasta el 27 de mayo el plazo para que Chevron liquide sus operaciones, bajo estrictas condiciones: la empresa no podrá pagar impuestos, regalías, ni dividendos a PDVSA ni a empresas asociadas, ni podrá vender crudo a países distintos a EE. UU.
Además, se prohíbe realizar transacciones con compañías controladas por entidades rusas.
A esta medida se suma el anuncio, también este lunes, de un arancel del 25% para los países que compren petróleo o gas venezolano, una política impulsada por la administración del expresidente Donald Trump, quien sigue sin reconocer a Nicolás Maduro como presidente debido a denuncias de fraude en las elecciones.
Rodríguez calificó la situación como una “coyuntura prevista” y aseguró que Venezuela sigue siendo un “socio confiable”, al tiempo que rechazó cualquier jurisdicción extranjera sobre su política energética. “Las empresas internacionales no requieren licencia de ningún gobierno extranjero para operar en nuestro territorio”, afirmó.
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