Santo Domingo.- Unas 19 personas se han sumado a la denuncia de estafa contra la empresa LPI Muñoz, ubicada en Los Alcarrizos, acusándola de apropiarse de vehículos y cometer otras irregularidades. Seis de los afectados acudieron al medio De Último Minuto para exponer sus casos, alegando además negligencia por parte de las autoridades.
Según los denunciantes, la empresa dedicada a la venta y financiamiento de vehículos aplica distintas estrategias para despojar a los clientes de sus automóviles. Afirman que, tras entregar los vehículos con un pago inicial de 100 mil pesos y un supuesto seguro full, posteriormente alegan falta de pago o problemas con el GPS para retirarlos. También denuncian que la empresa controla el seguro y el taller mecánico donde llevan los vehículos.
Marleny Ortiz relató que, tras un accidente con el vehículo adquirido en LPI Muñoz, descubrió que su seguro no estaba vigente. Posteriormente, el propietario de la empresa, José Manuel Muñoz, le pidió llevar el carro a un taller en La Vega, también de su propiedad. Luego de meses en reparación y tras recibir un pago del seguro, el vehículo fue enviado a la capital con un menor de edad, donde sufrió otro accidente en Pedro Brand. Finalmente, la pareja fue notificada de que habían «perdido» el vehículo sin más explicaciones.
Otro afectado, César Portillo, acusó a la empresa de «ladrones y estafadores». Contó que, tras cumplir con los pagos de su vehículo, un día desapareció del lugar donde lo estacionaba y lo encontró en el dealer. Al intentar reclamar, le respondieron: «Haga lo que usted quiera».
Daniel de León denunció que, tras comprar un vehículo K5 2014, descubrió que la matrícula tenía datos falsos, con un color y año diferente. Luego, personas ligadas a la empresa intentaron llevarse el carro en la noche y lo agredieron con un arma blanca.
La primera denuncia de este caso fue realizada por José Luis León Castro en junio, cuando pagó un inicial de 100 mil pesos por un Toyota Avanza 2019 y, tras abonar 120 mil pesos adicionales, el dealer le retiró el vehículo alegando fallos en el GPS. Luego, los registros de pago en el sistema fueron eliminados, dejando sin evidencia sus transacciones.
Los afectados han denunciado la situación ante la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, pero alegan que el proceso avanza lentamente y que los responsables solo han sido citados una vez.
