Por Dr. Alexis Vargas, Ph. D
La Dirección General de Administración y Carrera Judicial constituye una de las posiciones de mayor trascendencia estratégica dentro del Poder Judicial dominicano. Su ejercicio requiere una singular combinación de experiencia jurisdiccional, capacidad gerencial, disciplina, sensibilidad humana, liderazgo y conocimiento de las realidades que enfrentan los tribunales de la República.
Durante nuestros recorridos académicos por diferentes provincias del país, impartiendo seminarios de Derecho Constitucional, Procedimientos Constitucionales e Inteligencia Artificial Aplicada, hemos tenido la oportunidad de intercambiar impresiones con más de 120 jueces y centenares de servidores judiciales. De esas conversaciones emerge una percepción recurrente: la conveniencia de que quien dirija la carrera judicial reúna competencias que trasciendan la formación jurídica y la experiencia administrativa.
Entre las cualidades más valoradas figura haber ejercido efectivamente la función jurisdiccional en distintos niveles y materias: juzgados de paz, tribunales de primera instancia y, eventualmente, cortes de apelación; con experiencia en asuntos civiles, penales, comerciales, de familia, tránsito, niños, niñas y adolescentes, entre otras especialidades. Esa diversidad proporciona una comprensión integral de las necesidades del sistema judicial, tanto en su dimensión horizontal como vertical.
Pero existe un atributo particularmente significativo: haber administrado justicia en las provincias y comunidades más alejadas de los grandes centros urbanos.
Las condiciones de un tribunal del Distrito Nacional difícilmente pueden equipararse con las de Pedernales, Valverde, Barahona, Samaná, Dajabón o determinadas jurisdicciones rurales. Las interrupciones eléctricas, las limitaciones tecnológicas, las dificultades de conectividad, las distancias y las insuficiencias de infraestructura representan desafíos cotidianos que no siempre resultan perceptibles desde las oficinas centrales.
De ahí la importancia de que el director de Carrera Judicial no sea únicamente un administrador de expedientes y recursos humanos, sino un conocedor directo de los tribunales, sus jueces, secretarios, alguaciles, empleados administrativos y personal de apoyo. Un funcionario dispuesto a recorrer sistemáticamente el territorio nacional, escuchar necesidades y articular soluciones institucionales.
En ese contexto, durante nuestros intercambios con magistrados y servidores judiciales, ha surgido de manera recurrente el nombre del magistrado Miguel Encarnación de la Rosa, juez de primera instancia en Pedernales, como uno de los profesionales cuya trayectoria despierta interés al reflexionar sobre ese conjunto de competencias.
Su experiencia jurisdiccional en una provincia fronteriza, geográficamente distante de los principales centros administrativos y sometida a particulares desafíos de infraestructura y servicios, constituye un elemento relevante de su trayectoria profesional. A ello se suma la importancia de las relaciones institucionales y comunitarias que un juez puede construir mediante el ejercicio responsable, prudente y cercano de sus funciones.
Estas apreciaciones, surgidas de conversaciones profesionales y no de un levantamiento estadístico, permiten advertir que existe una valoración especial hacia quienes conocen la justicia desde sus realidades territoriales, más allá de la centralidad administrativa de Santo Domingo.
La modernización judicial introduce, además, nuevas exigencias. La implementación de la Ley núm. 339-22, sobre Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial, y la incorporación progresiva de herramientas de inteligencia artificial demandan una dirección capaz de comprender que la transformación tecnológica comienza por garantizar electricidad, conectividad, equipos adecuados y personal capacitado en cada jurisdicción.
La capacidad organizativa, la disciplina, la integridad, la accesibilidad y el respeto ganado entre jueces y servidores judiciales deben constituir atributos esenciales de esa responsabilidad. La autoridad administrativa no se consolida exclusivamente mediante disposiciones y circulares, sino mediante la confianza, el diálogo y la capacidad de ofrecer respuestas oportunas.
Ante la próxima elección de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, adquiere especial relevancia la aspiración de contar con un liderazgo que reúna visión de estadista, capacidad gerencial, solvencia administrativa y conocimiento profundo del sistema judicial dominicano. En ese escenario, nuestra valoración del perfil del doctor Fernando Langa, a quien consideramos llamado a desempeñar esa alta responsabilidad, nos mueve a poner en su conocimiento las impresiones recogidas durante nuestros recorridos nacionales y las expectativas expresadas por numerosos jueces y servidores judiciales. Sus planteamientos constituyen una contribución valiosa a la reflexión sobre la estructura administrativa del Poder Judicial y las oportunidades de fortalecimiento institucional que acompañan cualquier nueva etapa de dirección.
El Consejo del Poder Judicial requiere una dirección que sirva de enlace efectivo entre sus órganos superiores y la realidad cotidiana de todos los tribunales, independientemente de su jerarquía, especialidad o ubicación geográfica.
La experiencia acumulada en la judicatura, particularmente en las provincias más distantes, representa un patrimonio institucional que merece ser ponderado junto con las competencias administrativas y gerenciales legalmente exigidas.
Porque dirigir la carrera judicial no consiste solamente en conocer la estructura del Poder Judicial, sino en comprender profundamente las condiciones humanas, materiales e institucionales en que se administra justicia.
Y esa comprensión difícilmente puede construirse permaneciendo exclusivamente detrás de un escritorio: requiere recorrer el país, escuchar a sus servidores y conocer, de primera mano, la realidad de cada tribunal.
