Columna Comunicación y Política
POR: COLOMBIA ALCÁNTARA, directora de ALTANTO TV
En República Dominicana vivimos en una especie de campaña electoral permanente. Aunque todavía faltan meses para los plazos oficiales, las vallas, los recorridos y los llamados «proyectos presidenciales» ya ocupan espacios en la agenda pública.
Pero ¿qué permite realmente la ley y dónde termina la actividad política legítima para dar paso al proselitismo anticipado?
Hay algo casi gracioso en este fenómeno: todos hacen política, pero nadie quiere admitir que está haciendo política. Le cambian el nombre a los recorridos, disfrazan la promoción de encuentros comunitarios y presentan el proselitismo como simples reuniones de trabajo.
La Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos establece que la precampaña comienza el primer domingo de julio del año preelectoral. Eso corresponde a julio de 2027.
En la teoría, ningún aspirante puede establecer sus propios tiempos al margen de la legislación.
Por su parte, la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, dispone que la campaña electoral comienza con la proclama de la Junta Central Electoral. Esta debe publicarse a más tardar 70 días antes de las elecciones.
La legislación también contempla consecuencias. El artículo 78, numeral 8, de la Ley 33-18 establece la inadmisibilidad de la candidatura para quienes inicien su campaña antes del período oficial correspondiente.
Entonces, ¿dónde está el límite entre organizar una estructura política y promover anticipadamente una candidatura?
¿Basta con llamar «reunión interna» a un recorrido, un encuentro multitudinario o una actividad de promoción personal para quedar fuera del alcance de la ley?
Sabemos que no va a pasar nada. Pero la Junta Central Electoral tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de estas disposiciones. No se trata de impedir la actividad política ni de limitar la participación, sino de garantizar que las reglas sean iguales para todos.

