Por Dr. Alexis Vargas
La admisión formal de la demanda de nulidad contra la elección de Abelardo de la Espriella representa, a mi juicio, uno de los acontecimientos político-jurídicos más importantes de la historia reciente de Colombia. Lo que durante semanas fue objeto de intensos debates en redes sociales y medios de comunicación ha dejado de ser una discusión política para convertirse en un proceso judicial formal sometido a las reglas del Estado de Derecho.
La Sección Quinta del Consejo de Estado, máximo órgano de la jurisdicción contencioso-administrativa en materia electoral, determinó que la demanda presentada por el magistrado Luis Guillermo Pérez cumple con los requisitos legales para su admisión. El estudio del expediente quedó bajo la responsabilidad del magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, quien dirigirá el conocimiento del proceso hasta la decisión definitiva que corresponda.
La admisión de la demanda no significa que la elección haya sido anulada. Significa, sencillamente, que el máximo tribunal contencioso-administrativo colombiano consideró que existen méritos jurídicos suficientes para abrir el proceso y examinar el fondo de las pretensiones planteadas.
A partir de este momento, el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional deberán responder los requerimientos formulados dentro del proceso y aportar la documentación solicitada por el tribunal. Entre las diligencias solicitadas figuran la revisión de bitácoras, metadata y demás información técnica relacionada con el software utilizado durante los escrutinios, así como otros elementos que el Consejo de Estado considere pertinentes para garantizar la transparencia del proceso. Del mismo modo, el expediente incorpora cuestionamientos relacionados con la eventual doble nacionalidad de Abelardo de la Espriella y la presunta doble militancia política del presidente electo, aspectos que únicamente podrán ser resueltos mediante las pruebas que sean incorporadas al proceso.
Debe destacarse igualmente que el Consejo de Estado negó la medida cautelar que pretendía suspender la toma de posesión presidencial. En consecuencia, Abelardo de la Espriella podrá asumir la Presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto de 2026 mientras el proceso judicial continúa desarrollándose hasta que exista una decisión definitiva.
Este detalle es fundamental. La demanda está viva. El proceso judicial está vivo. La investigación institucional continúa. El expediente comenzó su recorrido y ahora serán los jueces quienes hablarán a través de sus decisiones.
Paralelamente, el Senado de la República aprobó la realización de controles políticos relacionados con el proceso electoral, mientras distintos mecanismos institucionales continúan ejerciendo funciones de vigilancia sobre el desarrollo de los acontecimientos. Es precisamente así como funcionan las democracias constitucionales: mediante instituciones que investigan, controlan y deciden conforme al Derecho.
A mi juicio, aquí radica la verdadera diferencia entre una controversia política y una controversia judicial. Las primeras se libran mediante discursos, propaganda, redes sociales y medios de comunicación. Las segundas se resuelven mediante expedientes, pruebas, procedimientos, jueces y sentencias.
Colombia está enviando una lección institucional que trasciende sus propias fronteras. Cuando existen cuestionamientos sobre unas elecciones, el camino natural debe ser acudir a las vías constitucionales, administrativas, disciplinarias y judiciales, preservando adecuadamente las pruebas y permitiendo que las instituciones hagan su trabajo con independencia.
Esa enseñanza contrasta con otros episodios electorales recientes ocurridos en América Latina. Tal es el caso de Venezuela, donde Edmundo González y María Corina Machado, su equipo de campaña electoral, su entorno político y sus asesores jurídicos, lejos de acudir ante todas las instituciones de la República Bolivariana de Venezuela y posteriormente a las instituciones y organismos internacionales, prefirieron elegir el camino de lo mediático y dedicarse a dar pataletas y esgrimir llorantinas ante los medios de comunicación y redes sociales e incluso ante autoridades internacionales que sin un mínimo de vergüenza se referían al proceso electoral venezolano como quien tiene la autoridad injerencista que profana todos los días el propio Donald Trump.
En ese caso «el cual me afecta directamente en mi condición de opositor nacido en Venezuela» el debate público ocupó un espacio mayor que la construcción de una estrategia jurídica integral, lo que limitó las posibilidades de que las controversias fueran conocidas y resueltas plenamente dentro de los cauces institucionales y así poder ser dirimidas por ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), lo cual los María corinistas y los Edmundólogos se negaron a hacerle saber a quienes fuimos sus seguidores y creímos en ellos y que como resultado produjeron el alejamiento inmediato de quiénes somos pensantes y conocemos del derecho constitucional y la legalidad del proceso.
También considero que este proceso pondrá a prueba la capacidad del Estado colombiano para actuar con independencia frente a las inevitables presiones políticas que suelen rodear asuntos de semejante trascendencia.
Específicamente el Washington de Donald Trump y el Jerusalén de Benjamín Netanyahu, porque veremos encendida La maquinaria mediática, comunicacional y de redes sociales que se activa con un dedo, un guiño o una llamada por parte del MAGA mayor. Las amenazas contra jueces, directores de instituciones y personalidades de la institucionalidad democrática colombiana no se harán esperar; eliminación de visas americanas, sanciones y bloqueos personales y familiares, incluyendo la banca, a todo esto tendrán que enfrentarse quienes tienen sobre sus hombros las decisiones jurisdiccionales, el poder investigativo y la sanción administrativa de la República de Colombia
El caso colombiano despertará un enorme interés internacional y será objeto de intensas disputas narrativas tanto dentro como fuera del país, Washington exige un presidente Republicano y gringo «Espriella», mientras el legado de Bolívar resuena más fuerte que nunca «Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad»
La historia latinoamericana demuestra que las luchas por el poder nunca se han limitado al escenario interno. Simón Bolívar describió hace más de dos siglos las enormes presiones externas que enfrentaban las nacientes repúblicas. La diferencia es que entonces las noticias tardaban semanas o meses en recorrer el continente. Hoy, gracias al internet y a las redes sociales, la información —y también la desinformación— viajan alrededor del mundo en apenas unos segundos.
No escribo estas líneas para defender a un candidato ni para atacar a otro. Mucho menos para tomar partido por un sector político determinado. Mi interés es uno solo: que el Presidente de la República de Colombia sea, sin margen de dudas, quien verdaderamente haya sido elegido por la voluntad libre, universal, directa y secreta del pueblo colombiano.
Porque cuando las controversias políticas llegan a los tribunales, dejan de pertenecer a los partidos y pasan a pertenecer al Derecho. Y cuando eso ocurre, la democracia tiene la oportunidad de demostrar si sus instituciones son realmente capaces de sostener el peso de la verdad.
No hay Iván Duque del centro, Abelardo de la Espriella de ultraderecha o Gustavo Petro comunista; sólo existe una República de Colombia y una soberanía que reside intransferiblemente en el pueblo colombiano!
