Por: Tony Peña Guaba
Las grandes reformas institucionales no siempre producen unanimidad. Por el contrario, suelen despertar intensos debates porque tocan aspectos sensibles de la vida nacional. El nuevo Código Penal no ha sido la excepción.
Durante más de veinte años transitó un complejo camino legislativo, enfrentó observaciones, consensos inconclusos y profundas diferencias sobre temas de alto contenido social. Sin embargo, más allá de las legítimas discrepancias que acompañaron su aprobación, la República Dominicana ha dado un paso trascendental al sustituir un instrumento jurídico cuya base normativa databa del siglo XIX por una legislación concebida para responder a los desafíos del siglo XXI.
No se trata únicamente de una nueva ley. Se trata de la evolución de la política criminal del Estado dominicano.
Durante décadas pretendimos enfrentar fenómenos tan complejos como el crimen organizado, la ciberdelincuencia, el sicariato, la trata de personas o las nuevas formas de violencia utilizando un Código Penal inspirado en el Código Napoleónico de 1810 y adoptado en nuestro país en el siglo XIX. La sociedad cambió, la delincuencia evolucionó, la tecnología transformó las relaciones humanas y el Estado, sencillamente, había quedado rezagado.
El nuevo Código Penal procura cerrar esa brecha.
Su primera gran innovación consiste precisamente en reconocer que la criminalidad del siglo XXI es distinta a la de hace doscientos años. La incorporación de delitos como el sicariato, la desaparición forzada, diversas modalidades de ciberdelitos, la difusión ilícita de contenido íntimo y nuevas manifestaciones del crimen organizado representa una respuesta a realidades que el antiguo ordenamiento simplemente desconocía. Un Estado moderno no puede combatir amenazas contemporáneas con herramientas jurídicas concebidas para otro tiempo.
La segunda transformación responde a una demanda reiterada de la sociedad: la proporcionalidad de las penas frente a delitos de extrema gravedad. El nuevo Código eleva la pena máxima de prisión de 30 a 40 años para los crímenes más graves y, por primera vez, establece un sistema de acumulación de condenas que puede alcanzar hasta 60 años cuando concurran múltiples infracciones especialmente graves. No se trata únicamente de endurecer las sanciones; se trata de que el ordenamiento jurídico refleje, con mayor justicia, la magnitud del daño ocasionado por quienes cometen varios delitos de enorme impacto social.
Una tercera innovación coloca a la República Dominicana en sintonía con las tendencias internacionales en materia de cumplimiento normativo y transparencia: la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Durante muchos años la acción penal recaía exclusivamente sobre individuos, aun cuando determinados delitos se cometieran en beneficio de empresas u organizaciones.
El nuevo régimen reconoce que las estructuras corporativas también pueden convertirse en instrumentos para la comisión de ilícitos y, en consecuencia, podrán enfrentar multas, suspensión de operaciones, clausuras y otras sanciones cuando así corresponda. Es una transformación que fortalece la cultura de la prevención, la gobernanza corporativa y la lucha contra la corrupción.
El cuarto aspecto merece una valoración especial porque refleja una evolución en la concepción misma de la justicia penal. El nuevo Código fortalece la protección de quienes históricamente han enfrentado mayores niveles de vulnerabilidad: mujeres víctimas de violencia, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Las nuevas agravantes y figuras penales envían un mensaje claro: el Estado tiene el deber de brindar una protección reforzada a quienes se encuentran en mayor riesgo. La fortaleza de una democracia también se mide por la capacidad de proteger a los más vulnerables.
Quizá ninguna discusión fue tan intensa como la relacionada con los delitos contra el honor, la intimidad y la libertad de expresión. Y precisamente ahí el proceso legislativo dejó una enseñanza valiosa. Lejos de imponer una visión inmutable, el Poder Ejecutivo promovió un amplio proceso de diálogo con periodistas, juristas, representantes de la sociedad civil, gremios profesionales y diversos sectores nacionales. Ese intercambio permitió introducir modificaciones importantes a las disposiciones relativas a la difamación y la injuria, buscando un equilibrio razonable entre la protección de la reputación de las personas y la preservación de un derecho tan esencial para toda democracia como la libertad de expresión y de prensa. Pocas veces una legislación de tanta trascendencia había sido enriquecida mediante un proceso de concertación tan amplio.
Naturalmente, ninguna ley constituye una solución mágica para los problemas de seguridad ciudadana. Quien pretenda vender esa idea desconoce la realidad. El Código Penal define los delitos y las sanciones, pero su eficacia dependerá de la actuación coordinada del Ministerio Público, de una Policía Nacional cada vez más profesional, de un Poder Judicial independiente y de un Código Procesal Penal que garantice investigaciones oportunas, procesos ágiles y pleno respeto al debido proceso. La fortaleza del sistema radica precisamente en la articulación de todas sus instituciones.
Después de más de dos décadas de discusión, el país cierra un capítulo que parecía interminable. Como toda obra humana, este Código podrá ser perfeccionado con el tiempo, porque las leyes deben evolucionar junto con la sociedad a la que sirven. Lo verdaderamente importante es que la República Dominicana ha decidido modernizar uno de los pilares esenciales de su sistema de justicia.
La historia demuestra que las naciones no avanzan únicamente por las obras que inauguran o por los gobiernos que eligen. También progresan cuando fortalecen sus instituciones y actualizan las reglas que garantizan la convivencia democrática. El nuevo Código Penal debe entenderse precisamente desde esa perspectiva: no como la victoria de un sector sobre otro, sino como un paso necesario en la construcción de un Estado de derecho más sólido, más moderno y mejor preparado para responder a los desafíos de nuestro tiempo.
