El diputado Juan José Rojas pidió al presidente Luis Abinader y a las autoridades del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) rechazar cualquier oferta de compra de los terrenos colindantes con la Base Aérea de San Isidro, ubicados en las proximidades de la autopista San Isidro, en Santo Domingo Este.
El legislador, oriundo de la zona, recordó que estos terrenos fueron declarados de utilidad pública hace más de 20 años con la finalidad de servir como área de amortiguamiento para la base militar. En ese sentido, advirtió que la venta de estos espacios podría representar una amenaza para la seguridad y la sostenibilidad social de la comunidad.
Rojas enfatizó que no se opone al desarrollo de Santo Domingo Este ni a la implementación de proyectos públicos o privados que promuevan el crecimiento económico y urbanístico del municipio. Sin embargo, manifestó su desacuerdo con la venta de estas parcelas a través del Fondo de Desarrollo de Infraestructuras (FDI), ya que considera que su uso debe mantenerse dentro del propósito original para el cual fueron reservadas.
El congresista resaltó la importancia de preservar estos terrenos, no solo por su cercanía con la base aérea, sino también por su impacto en la planificación urbana y la seguridad de la comunidad. Según explicó, la expansión no planificada en áreas estratégicas podría generar inconvenientes en el tráfico, acceso a servicios y otras condiciones esenciales para la vida cotidiana de los residentes.
Además, indicó que la venta de estas tierras podría afectar la operatividad de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), debido a que cualquier alteración en la zona de amortiguamiento podría comprometer las maniobras y ejercicios propios de la base. También expresó preocupación por el destino final de los terrenos y el tipo de desarrollo que podría implementarse en esa área.
Las parcelas en cuestión corresponden a las denominadas 37C Reformada 1 y 37C Reformada 2, ambas ubicadas en el municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo. Estas tierras han sido objeto de debate en diversas ocasiones debido a su ubicación estratégica y a los intereses de sectores que buscan su comercialización.
Rojas hizo un llamado a las autoridades competentes a reconsiderar la medida y evaluar alternativas que no comprometan el propósito original de estos terrenos ni la seguridad de la base militar. Asimismo, instó a los ciudadanos y sectores involucrados a mantenerse vigilantes ante cualquier acción que pueda alterar el uso de estos espacios.
