El diputado Tobías Crespo ha levantado serias preocupaciones sobre el manejo de los recursos públicos en relación con la emisión de las tarjetas de Bonos Navideños, un programa implementado por el gobierno en diciembre del año pasado. Crespo reveló que, en total, el gobierno invirtió 4,770 millones de pesos para emitir las tarjetas, de las cuales el costo de cada una asciende a 750 pesos, mientras que el valor que recibe el beneficiario es de 1,500 pesos, para ser utilizados solo una vez durante la temporada navideña.
“Lo primero que debemos investigar es por qué el gobierno gasta 750 pesos por cada tarjeta que va a depositar solo 1,500 pesos. ¿Quién está ganando con este gasto?”, expresó Crespo durante una rueda de prensa, cuestionando el alto costo de emisión en relación con el monto que se distribuye a los ciudadanos.
Además, el diputado destacó que, de los 3 millones de tarjetas emitidas, quedaron 400,000 sin distribuir en el mes de diciembre, lo que equivale a un monto de 600 millones de pesos no entregados a los beneficiarios. Esta situación ha levantado más dudas sobre los criterios de distribución, ya que, según Crespo, no está claro quiénes han sido los destinatarios de estas tarjetas y cómo se ha manejado el proceso.
El exvicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, también se refirió a la situación y sugirió que el gobierno debe realizar una auditoría de los programas sociales. Alburquerque subrayó la importancia de determinar el desorden que podría estar ocurriendo con los recursos del estado, especialmente en un contexto donde se presume que los fondos destinados a los sectores más vulnerables no están siendo distribuidos de manera eficiente.
“Es necesario que el gobierno aclare el criterio bajo el cual se distribuyeron estas tarjetas. No podemos emitir 3 millones de tarjetas cuando, según las cifras oficiales, hay 2.1 millones de pobres en el país. ¿Realmente ha bajado la pobreza o estamos emitiendo más tarjetas de las necesarias?”, cuestionó Crespo.
Las denuncias presentadas por el diputado y el exvicepresidente han generado un amplio debate sobre la transparencia en el manejo de los programas sociales del gobierno, así como la necesidad de realizar una revisión exhaustiva de cómo se están utilizando los recursos destinados a las ayudas para los sectores más necesitados.
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