En un país democrático y de derecho como la República Dominicana, la seguridad jurídica es un pilar fundamental para el desarrollo económico, social y político. La confianza en el sistema legal y la certeza de que las leyes se aplican de manera imparcial y justa son aspectos esenciales para fomentar la inversión y garantizar la estabilidad tanto para las empresas como para los ciudadanos. En este contexto, es alentador ver cómo la empresa Corporación Minera Dominicana (CORMIDOM) ha demostrado su compromiso con el respeto a las leyes y la seguridad jurídica en el país.
Recientemente, CORMIDOM se ha visto involucrada en un conflicto laboral que ha tenido repercusiones significativas tanto para la empresa como para la comunidad en la que opera. Ante esta situación, es destacable el comunicado emitido por la compañía en el que expresa su total respeto hacia las leyes de la República Dominicana y su acatamiento a la decisión tomada por el Tribunal Laboral del Departamento Judicial de La Vega.
La sentencia emitida por dicho tribunal, en la cual se ordena el desafuero del secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Mina Cerro de Maimón (Sitracema), Rubén Orlando García Santana, fue respaldada por pruebas legales que demostraron su responsabilidad en los eventos que llevaron a la huelga y a las pérdidas económicas que esta ocasionó.
La postura adoptada por CORMIDOM es un ejemplo a seguir para otras empresas en situaciones similares. El reconocimiento y el respeto por las decisiones judiciales, así como por las leyes del país, son fundamentales para fortalecer el estado de derecho y garantizar la seguridad jurídica que todos los ciudadanos y actores económicos merecen.
El representante legal de CORMIDOM, Yipsy Roa, ha dejado claro que la empresa apuesta por el respeto y la aplicación de las leyes en la República Dominicana desde el principio. Además, reiteró el compromiso de la empresa con el libre derecho sindical de sus empleados, siempre dentro del marco legal establecido.
Es importante destacar que la seguridad jurídica no solo beneficia a las empresas, sino también a los trabajadores y a la comunidad en general. La confianza en que las normativas legales se aplican de manera justa y equitativa brinda estabilidad y certidumbre a todos los involucrados. En este sentido, la solicitud de unidad realizada por CORMIDOM, instando a la empresa, los empleados y la comunidad a trabajar juntos para generar confianza en los inversionistas y reabrir la mina, es un llamado a la colaboración y a la construcción de un entorno favorable para el desarrollo económico y social.
En conclusión, el respeto a las leyes y la seguridad jurídica son elementos indispensables para el progreso de una nación.
El caso de CORMIDOM refuerza la importancia de que las empresas, los empleados y la sociedad en su conjunto se comprometan a cumplir y acatar las decisiones judiciales, respetando así el marco legal establecido. Solo a través de esta cooperación se puede garantizar un entorno propicio para la inversión y el crecimiento sostenible, construyendo una sociedad basada en el imperio de la ley y el respeto mutuo.
Por Ysrael Abreu
Comunicador-experto en finanzas, impuestos y seguridad