Higüey. – El Concejo de Regidores de Higüey aprobó este jueves una resolución que ordena la paralización inmediata de la construcción de los proyectos inmobiliarios Larimar City & Resort, Alta Vista Village II, Cruise on Land y Residencial Paradise City Residences, todos ubicados en la carretera La Otra Banda-Verón, en el distrito municipal La Otra Banda. La decisión se tomó debido a que estas edificaciones carecen de los permisos de uso de suelo requeridos por la legislación vigente.
Los regidores alegan que, conforme a la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, la Ley 6232 de Planificación Urbana y la Resolución No. 02-2021, solo el Concejo Municipal tiene la facultad de aprobar los cambios de uso de suelo.
La resolución también convoca a los desarrolladores y representantes de los proyectos a comparecer ante el Concejo de Regidores para regularizar su situación legal y obtener los permisos exigidos por la normativa vigente.
Además, se otorgó poder al consultor jurídico del Concejo, Manuel Alejandro Chevallier, para notificar a diversas entidades, como los ministerios de Obras Públicas, Vivienda y Edificaciones, Medio Ambiente, Turismo, el Consorcio Energético Punta Cana-Macao (CEPM), EdeEste y la Jurisdicción Inmobiliaria, a fin de que se abstengan de otorgar cualquier permiso o documentación a estos proyectos hasta que se regularicen ante el Concejo Municipal.
Aunque la resolución no lo menciona expresamente, la medida se habría tomado en respuesta a supuestas acciones del director municipal de La Otra Banda, Alexander Rodríguez, quien estaría aprobando permisos de uso de suelo y cobrando arbitrios sin la autorización del Concejo de Regidores del municipio de Higüey.
La disposición fue aprobada con los votos de los regidores Jefferson Castillo (Fuerza del Pueblo), Josías Castillo (PRM), Papín Laureano (PRM), Noemí Delgado (País Posible), Leidon Beltré (PRM), Willy Zorrilla (PRSC), Alexander Mercedes (PRM), Berbere Reyes (DXC), Juan Francisco Dalmasí (PRL) y Luz Mireya Cedano (PLR).
Base legal de la decisión
Los ediles fundamentaron su decisión en el artículo 52, letra C, de la Ley 176-07, que otorga a los concejos municipales la facultad de aprobar los planes de desarrollo y el uso del suelo. También citaron la sentencia TC/0152/13 del Tribunal Constitucional, la cual ratifica que los distritos municipales no pueden otorgar autorizaciones de uso de suelo ni establecer oficinas de planeamiento urbano, ya que estas son competencias exclusivas de los municipios a los que pertenecen.
Asimismo, se ampararon en la sentencia TC/0296/16, que reafirma que la aprobación de proyectos y el otorgamiento de permisos de uso de suelo y edificación son atribuciones exclusivas de los concejos municipales.
Expertos respaldan la decisión del Concejo
El especialista en municipalidad Julián Roa explicó que los distritos municipales y los ayuntamientos son dos entidades gubernamentales independientes, pero la fiscalización de ambos recae en el Concejo de Regidores.
“El problema es que los distritos municipales quieren cobrar más, pero la ley no les otorga esa competencia. Hay múltiples sentencias del Tribunal Constitucional que establecen que la potestad del uso de suelo recae en el municipio”, sostuvo Roa.
El experto también señaló que, aunque no está de acuerdo con que los ayuntamientos monopolicen el cobro de arbitrios, considera que la solución sería establecer acuerdos de distribución de ingresos, ya que, legalmente, solo los ayuntamientos tienen la facultad de aprobar y cobrar por los permisos de uso de suelo.
Por Marileivy Lorenzo
