Santo Domingo.– La reciente licitación de casi RD$29 millones realizada por la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses para trabajos de pintura y reparación de autobuses ha generado una ola de críticas y cuestionamientos en distintos sectores de la sociedad dominicana.
De acuerdo con informaciones difundidas, el proceso contempla la intervención de unas 31 unidades, lo que representa un costo cercano al millón de pesos por autobús, cifra que ha sido considerada excesiva por ciudadanos y expertos en gestión pública.
Reacciones y críticas
Diversos sectores han calificado la contratación como una “burla” hacia la población, al entender que se trata de un gasto desproporcionado para trabajos que, en apariencia, serían de carácter estético.
Las críticas se intensifican en un contexto donde se demanda mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos, especialmente en áreas prioritarias como el transporte, la movilidad y el mantenimiento integral de la flotilla estatal.
Además, cuestionan que el monto asignado podría haberse destinado a mejorar el servicio o ampliar la capacidad operativa del sistema de transporte público.
Defensa de la OMSA
Ante la controversia, la OMSA explicó que los trabajos no se limitan únicamente a pintura, sino que incluyen desabolladura, acondicionamiento y mejoras generales de las unidades, con el objetivo de reincorporarlas en condiciones óptimas al servicio.
Asimismo, se ha señalado que el proceso formaría parte de una estrategia de mantenimiento y rehabilitación de la flotilla.
Pese a estas explicaciones, expertos y ciudadanos han solicitado mayor claridad sobre los criterios técnicos utilizados para establecer el presupuesto, así como una revisión del proceso de contratación.
Incluso, algunos sectores han planteado la necesidad de una auditoría por parte de organismos de control, a fin de garantizar el uso adecuado de los fondos públicos.
El caso ha reavivado el debate sobre la transparencia, la planificación y la eficiencia en las contrataciones estatales en la República Dominicana, en medio de crecientes exigencias de rendición de cuentas por parte de la ciudadanía.
