Autor: Nelson Valdez
El ministro Magín Díaz ha declarado que combatir el lavado de activos es una prioridad nacional. En un país serio, esa afirmación sería una promesa. En la República Dominicana, es un diagnóstico involuntario: el lavado de dinero no es una amenaza externa, sino una columna vertebral encubierta de la economía.
La informalidad supera el 55 % del mercado laboral. Más de la mitad de los dominicanos vive de actividades que no cotizan, no declaran y no pagan impuestos.
En esa tierra fértil de lo invisible, el dinero ilícito fluye con naturalidad. No es un accidente: es el modelo. Una economía informal sin fiscalización es el refugio ideal para el dinero que viene del crimen y el que se roba desde el poder.
El discurso oficial repite que se está “fortaleciendo la estructura de control”. Pero en la práctica, no hay contraloría funcional, la Cámara de Cuentas está colonizada por intereses políticos, y los organismos de control financiero operan más como sellos de legitimidad que como instrumentos de vigilancia. El resultado es un país donde la corrupción y el lavado no se combaten: se administran.
El dinero sucio circula donde el Estado es débil, donde la justicia es selectiva y donde la transparencia es un discurso, no un hábito. En República Dominicana, esos tres factores conviven en perfecta sincronía.
El crimen organizado ya sea en narcotráfico, contrabando, trata de personas o evasión fiscal no opera al margen del sistema: se entrelaza con él. Y los empresarios, banqueros y funcionarios que deberían denunciarlo se benefician de su flujo.
La Unidad de Análisis Financiero se enorgullece de obtener certificaciones ISO, pero en los barrios, las torres y los bancos locales, el dinero ilícito sigue fluyendo. Cada construcción desproporcionada, cada vehículo de lujo pagado en efectivo, cada político que declara fortunas imposibles es parte del mismo circuito.
El lavado ya no se esconde: se disfraza de progreso.
Las cuentas del gobierno se manejan con una discrecionalidad que bordea lo delictivo. El presupuesto público es, en muchos casos, un mapa de intereses
políticos: partidas infladas, obras sobrevaloradas, fondos “sociales” que se desvían a campañas, subsidios que nunca llegan a sus destinatarios.
No existe una verdadera Cámara de Cuentas que fiscalice el uso del dinero público, ni una Contraloría General con independencia funcional. Lo que hay son oficinas
que imprimen informes para cumplir con el calendario, mientras la impunidad se acumula como polvo sobre los expedientes.Y cuando, excepcionalmente, un caso llega a los tribunales, el poder judicial responde con una lentitud estratégica: la justicia se diluye, los años pasan y el delito se extingue.
El país crece, dicen los organismos internacionales. El PIB sube. La inversión extranjera llega. Pero detrás de esas cifras relucientes, hay un país que vive una ilusión contable. El crecimiento económico dominicano está contaminado: buena parte del capital que circula tiene origen opaco o directamente criminal.
Y mientras tanto, la brecha social se amplía. Los que lavan ganan; los que trabajan honestamente, apenas sobreviven.
En América Latina, se estima que el lavado de activos representa entre el 2 % y el 5 % del PIB regional. En la República Dominicana, los analistas financieros sospechan que esa cifra puede ser aún mayor, dada la magnitud del comercio informal y el
déficit crónico de control estatal.El dinero sucio compra influencia, distorsiona mercados y destruye la ética pública. Cada peso lavado es un voto comprado, un contrato inflado, un juez domesticado.
Pero el mayor problema no es el lavado en sí, sino la resignación colectiva. El ciudadano común, agotado, se ha acostumbrado a vivir dentro del sistema. Tolera al político corrupto, negocia con el funcionario, evade como defensa propia. La
sociedad ha hecho las paces con la ilegalidad, como si fuera parte de su identidad.
Y es allí donde el país se pierde: cuando el mal deja de escandalizar. Cuando el robo deja de doler.
Cuando el dinero sucio deja de oler.
El combate real contra el lavado de activos no requiere nuevas leyes ni más comisiones. Requiere vergüenza pública, independencia judicial y coraje
ciudadano. Porque sin esos tres pilares, cada peso robado seguirá lavándose en nuestras propias manos, cada vez que el Estado gasta sin rendir cuentas, o que un banco acepta sin preguntar o un votante calla ante el robo, la nación entera se convierte en cómplice.
En mi humilde opinión creo que la República Dominicana no necesita un nuevo plan. Necesita, simplemente, un espejo.
