El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue detenido este martes por orden de la Corte Penal Internacional (CPI), acusado de liderar un escuadrón de la muerte y utilizar su poder presidencial para llevar a cabo asesinatos extrajudiciales en el marco de su guerra contra las drogas.
Según la orden de arresto emitida de manera «secreta» el pasado 7 de marzo y revelada por el medio filipino Rappler, la CPI considera que hay «motivos razonables» para creer que Duterte es responsable del crimen de lesa humanidad de asesinato.
Acusaciones y evidencia en su contra
Las investigaciones de la CPI, iniciadas en 2021, documentaron al menos 19 asesinatos cometidos por el escuadrón de la muerte en la ciudad de Davao, donde Duterte fue alcalde durante 22 años, y otros 24 asesinatos «bajo supervisión de las fuerzas de seguridad» durante su mandato presidencial (2016-2022).
La fiscalía de la CPI sostiene que Duterte dirigió el llamado Davao Death Squad (DDS), un grupo paramilitar compuesto por policías y criminales que ejecutaban a supuestos delincuentes. Estas operaciones habrían sido incentivadas por el exmandatario con recompensas económicas y ascensos a los oficiales involucrados.
Aunque las autoridades filipinas cifran en 6.000 las muertes ocurridas en operativos antidrogas, organizaciones de derechos humanos elevan la cifra a 30.000.
El propio Duterte, en declaraciones confusas ante el Senado filipino en noviembre pasado, admitió haber dirigido escuadrones de la muerte, aunque los describió como grupos de «gánsteres» que eliminaban a criminales.
El arresto y la posible extradición
Duterte, de 79 años, fue detenido en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino, en Manila, tras regresar de Hong Kong. Actualmente se encuentra retenido en la base aérea de Villamor, mientras se definen los próximos pasos en el proceso legal.
A pesar de que Duterte retiró a Filipinas del tratado de la CPI en 2019 para evitar ser investigado, el tribunal mantiene jurisdicción sobre los crímenes cometidos mientras el país aún era miembro.
Las autoridades filipinas han indicado que la orden de arresto fue recibida esta mañana a través de Interpol y que el gobierno cumplió con la detención. Sin embargo, aliados del exmandatario, incluida su hija, la vicepresidenta Sara Duterte, han calificado la captura como ilegal y un atentado contra la soberanía del país.
Si Filipinas acepta la extradición, Duterte será trasladado a La Haya, donde comparecerá ante el tribunal internacional. En caso de resistencia por parte de Manila, podrían iniciarse negociaciones diplomáticas.
Reacciones al arresto
La detención ha generado reacciones divididas. Mientras que organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas consideran el arresto como un avance en la búsqueda de justicia, seguidores del expresidente denuncian un intento de persecución política.
Este hecho marca un punto crucial en el proceso de rendición de cuentas por la violenta campaña antidrogas de Duterte, la cual dejó miles de muertos y generó preocupación internacional por las violaciones a los derechos humanos en Filipinas.
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