El presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha ordenado la ejecución de al menos 30 funcionarios del gobierno en respuesta a su supuesta incompetencia en la gestión de las graves inundaciones y deslizamientos de tierra que afectaron al país en julio. Los reportes, provenientes de medios surcoreanos, indican que las ejecuciones se llevaron a cabo a finales del mes pasado como medida punitiva por no haber prevenido el desastre.
Las inundaciones, causadas por intensas lluvias, resultaron en la muerte de entre 4,000 y 5,000 personas y dejaron a más de 15,000 desplazadas. Las áreas más afectadas incluyen la provincia de Chagang y la región fronteriza con China en la cuenca del río Yalu, donde se registraron daños significativos. En las ciudades de Sinuiju y Uiju, las inundaciones sumergieron más de 4,000 edificios y arrasaron aproximadamente 3,000 hectáreas de tierras agrícolas.
Un funcionario del gobierno norcoreano confirmó que los funcionarios ejecutados fueron acusados de corrupción y negligencia en el cumplimiento de sus deberes. “Se ha determinado que entre 20 y 30 cuadros en el área afectada por las inundaciones fueron ejecutados simultáneamente a finales del mes pasado”, afirmó el oficial.
En respuesta al desastre, Kim Jong-un también ha tomado medidas drásticas en la administración, removiendo de sus cargos a Kang Bong-hoon, secretario del Comité Provincial del Partido en Chagang desde 2019, y al Ministro de Seguridad Pública. Según el ex diplomático norcoreano Lee Il-gyu, los funcionarios afectados estaban “tan ansiosos que no sabían cuándo caerían sus cabezas”.
Las ejecuciones públicas son una práctica no infrecuente en Corea del Norte. Antes de la pandemia de COVID-19, el país registraba un promedio de 10 ejecuciones públicas anuales. Sin embargo, en los últimos años, el número de ejecuciones ha aumentado exponencialmente a cerca de 100, según informes locales.