La Fiscalía de Venezuela ha emitido una solicitud de orden de captura internacional contra el presidente de Argentina, Javier Milei, así como contra su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La acusación se basa en el supuesto “robo” de un avión venezolano-iraní, retenido en Buenos Aires desde junio de 2022 y transferido a Estados Unidos en febrero de este año.
El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, anunció que se han asignado dos fiscales especializados para investigar el caso del Boeing 747-300M de la estatal venezolana Emtrasur. Este avión fue retenido bajo la sospecha de que violaba sanciones internacionales, debido a su anterior propiedad por parte de la aerolínea iraní Mahan Air, vinculada a las Fuerzas Quds, una unidad militar señalada como terrorista por Estados Unidos.
Este suceso guarda un fuerte paralelismo con un incidente ocurrido en República Dominicana el 2 de septiembre de este año, cuando otro avión venezolano fue enviado a Estados Unidos. En ese caso, la aeronave oficial venezolana fue detenida en suelo dominicano y luego transferida a las autoridades estadounidenses, lo que también generó tensiones diplomáticas.
En ambos escenarios, Venezuela ha acusado a las autoridades locales de colaborar con Estados Unidos en lo que describen como una “apropiación indebida” de sus bienes. Las tensiones diplomáticas entre Venezuela y Argentina, así como entre Venezuela y República Dominicana, han aumentado a raíz de estas acciones, con Caracas señalando que ambos países han actuado de manera subordinada a las políticas estadounidenses de sanciones y control aéreo.
Aunque los detalles legales de cada caso son diferentes, lo que comparten es la naturaleza de la acusación: el uso de sanciones internacionales como mecanismo para retener activos venezolanos, lo que Venezuela interpreta como un acto de “robo” de sus bienes por parte de gobiernos aliados a Washington.