El Tribunal Constitucional ha confirmado una sentencia que obliga al Ministerio de Obras Públicas a pagar más de RD$12 millones como astreinte, tras negarse a entregar información sobre un área verde en Puerto Plata, en violación de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.
El Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha emitido una sentencia definitiva, marcada con el número TC-0951-23, que condena al Ministerio de Obras Públicas a pagar una astreinte de RD$12 millones por su negativa inicial a entregar un plano del área turística de Cofresí, en Puerto Plata. Esta decisión es consecuencia de una acción legal iniciada por el licenciado Angel Lockward.
Inicialmente, la solicitud de información fue denegada por el Ministerio de Obras Públicas, argumentando que la información solicitada estaba protegida por derechos de autor y era de carácter confidencial. Sin embargo, el Tribunal Superior Administrativo (TSA) falló a favor de Lockward en febrero de 2019, ordenando la entrega de la información requerida.
Posteriormente, Obras Públicas recurrió esta decisión ante la Suprema Corte de Justicia, cuyo recurso fue rechazado. El caso finalmente llegó al Tribunal Constitucional, que confirmó la sentencia de la Suprema Corte, declarándola libre de costas para Lockward.
La sentencia también establece que el Ministerio de Obras Públicas deberá pagar la una astreinte de 10.000 pesos por cada día de retardo en cumplir con lo ordenado por el TSA. Este caso resalta la importancia del cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública y subraya las consecuencias legales de la negativa de las entidades gubernamentales a proporcionar información pública solicitada por los ciudadanos.