La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura un innovador proyecto de ley que transforma la regulación de los alquileres y los procesos de desahucio en el país. Esta propuesta legislativa establece nuevas normas para el desalojo de inquilinos que no cumplan con sus obligaciones de pago.
El proyecto, que ha sido revisado nuevamente, introduce un capítulo detallado sobre el procedimiento de desalojo por falta de pago. Según la nueva legislación, el proceso se iniciará con una citación por parte de un fiscalizador, quien tendrá un plazo máximo de 30 días para tomar una decisión sobre el desalojo. La resolución del fiscalizador será definitiva y no podrá ser apelada, procediendo a su ejecución de manera inmediata.
Una vez dictada la sentencia, el desalojo será llevado a cabo por un alguacil, quien se encargará de la ejecución en el inmueble. Además, antes de proceder al desalojo, el alguacil solicitará al inquilino una dirección alternativa para almacenar sus pertenencias. En caso de no recibir una dirección, el mobiliario será trasladado a un almacén del Monte de Piedad para su custodia.
Entre otras modificaciones importantes, el proyecto de ley también exige que los propietarios de inmuebles proporcionen recibos de pago a los inquilinos cada vez que se realice un pago de renta, garantizando así un registro transparente de las transacciones.
