Por Ludvik M. García Matos
En Santo Domingo, el caos vial dejó hace tiempo de ser un accidente para convertirse en una política de facto. Ningún fenómeno lo ilustra mejor que el desorden absoluto en el que circulan miles de motocicletas todos los días: sin respetar semáforos, sin acatar señales de tránsito, transitando en vía contraria, invadiendo aceras, poniendo en riesgo vehículos, peatones y, con demasiada frecuencia, la vida humana. No se trata de un problema nuevo. Tampoco es un problema técnico ni presupuestario. Es, simple y llanamente, un problema de ineptitud, no acción e indiferencia gubernamental.
Las autoridades conocen perfectamente la magnitud del desorden. Las estadísticas de accidentes lo confirman, las salas de emergencia lo viven a diario y los ciudadanos lo sufrimos cada vez que salimos a la calle. Sin embargo, el Estado ha optado por mirar hacia otro lado. No hay fiscalización sostenida, no hay consecuencias reales y, lo más grave, no existe una política pública seria para ordenar el tránsito de motocicletas.
Resulta aún más indignante cuando observamos que en múltiples ciudades latinoamericanas con realidades económicas y sociales similares se han implementado soluciones simples y efectivas: carriles exclusivos para motocicletas, registro y control real de conductores, exigencia estricta de cascos y chalecos identificables, y sanciones que se aplican sin excepción. Los resultados están documentados: menos accidentes, mayor fluidez vehicular y mayor respeto por la ley. ¿Por qué aquí no? La respuesta incómoda, pero cada vez más evidente, es política. Regular implica incomodar.
Exigir orden implica perder simpatías. Y parece que el gobierno ha decidido que no vale la pena arriesgar votos, aun cuando el costo sea el deterioro del espacio público, la violación sistemática de la propiedad privada y la pérdida de vidas humanas. Mientras tanto, la ciudad sigue secuestrada por una anarquía tolerada, donde muchos motociclistas no todos, pero sí demasiados circulan como chivos sin ley, amparados por la certeza de que nadie los va a detener, multar ni responsabilizar. Este no es un ataque contra padres de familia que usan la motocicleta para ganarse la vida. Es, precisamente, una defensa de ellos y del resto de los ciudadanos. El desorden no protege al trabajador; lo expone.
La ausencia de reglas no es inclusión; es abandono. Gobernar no es complacer. Gobernar es poner orden, aunque sea impopular, cuando el interés colectivo lo exige. Y hoy, en Santo Domingo, el silencio del gobierno frente al caos de las motocicletas no es neutralidad: es complicidad. Hasta que el Estado decida asumir su rol, seguiremos pagando todos conductores, peatones y familias el precio de una ciudad sin autoridad y sin rumbo.
