El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Inc. (SDD), Persio Maldonado Sánchez, expresó preocupaciones sobre las implicaciones de la nueva Política de Protección de Datos lanzada por el Poder Judicial, señalando posibles restricciones al acceso público a la información.
Maldonado advirtió que la reserva de datos en los tribunales, diseñada para proteger a los imputados, podría entrar en conflicto con la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo. “Esto produciría un choque con el derecho ciudadano al acceso libre a información pública”, señaló, subrayando la necesidad de una legislación clara que delimite estos aspectos.
Libertad de prensa y privacidad
El veterano comunicador también mencionó que la nueva ley de Comunicación, aún pendiente de presentación oficial, aborda temas similares, aunque reconoció no tener pleno conocimiento del documento sobre la política judicial. Sin embargo, destacó que esta se fundamenta en la Constitución, que garantiza tanto el derecho a la privacidad como la libertad de expresión.
Llamado a la claridad legislativa
Maldonado instó a que las medidas judiciales y legislativas encuentren un equilibrio entre proteger la privacidad de los ciudadanos y garantizar el acceso a información pública. Según él, este balance es crucial para preservar la transparencia y fortalecer el ejercicio del periodismo en el país.
La Ley de Derecho a la Información garantiza el acceso de los ciudadanos a información pública en poder de las instituciones gubernamentales. Este derecho, consagrado en muchas legislaciones y constituciones, se fundamenta en principios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Las disposiciones principales incluyen:
- Acceso garantizado: Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información pública, salvo excepciones relacionadas con la seguridad nacional, privacidad, o secretos comerciales.
- Obligación estatal: Las instituciones públicas están obligadas a responder las solicitudes de información dentro de un plazo establecido y a mantener registros accesibles.
- Excepciones claras: Las leyes suelen especificar qué tipo de información puede ser clasificada y por cuánto tiempo.
- Procedimientos accesibles: Deben establecerse mecanismos sencillos para que los ciudadanos puedan realizar solicitudes, así como procesos de apelación en caso de negativa.
Este marco legal es clave para fortalecer la democracia, prevenir la corrupción y empoderar a los ciudadanos en la toma de decisiones informadas.