El juez Amauri Martínez del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional tomará hoy la crucial decisión sobre el envío a juicio de fondo de Jean Alain Rodríguez y varios implicados en el caso Medusa, tras revisar un extenso expediente de más de 12,274 páginas y escuchar las pruebas presentadas por imputados y defensas.
Hoy, viernes 28 de junio, el juez Amauri Martínez del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional se enfrenta a la decisión trascendental de determinar si envía a juicio de fondo a Jean Alain Rodríguez y otros acusados en el caso Medusa, un monumental escándalo de corrupción que ha sacudido al país.
El expediente judicial, con más de 12,274 páginas, contiene acusaciones graves que incluyen prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, sobornos, delitos de alta tecnología y lavado de activos. Según el Ministerio Público, el desfalco al Estado supera los RD$6,000 millones, involucrando a 41 personas físicas y 22 empresas.
Durante las audiencias preliminares, Jean Alain Rodríguez, figura central del caso, defendió su inocencia y argumentó que sus derechos fueron violados por el Ministerio Público. Rodríguez incluso mencionó que la magistrada Miriam Germán sería testigo a su favor, desmontando varias de las acusaciones en su contra.
“Se han presentado testigos a descargo que confirman la aprobación y continuidad de contratos durante mi gestión, como los del plan de humanización para cárceles. Estos contratos fueron ejecutados y pagados de manera adecuada, y testimoniarán en mi defensa”, afirmó Rodríguez en una de sus declaraciones durante el proceso judicial.
El caso ha captado la atención pública debido a la magnitud de las acusaciones y la implicación de altos funcionarios. Si el juez decide enviar el caso a juicio de fondo, podría marcar un hito en la lucha contra la corrupción en el país, mientras que la defensa sigue argumentando que las pruebas presentadas por el Ministerio Público son insuficientes para demostrar culpabilidad.
La decisión de hoy será crucial no solo para los implicados, sino también para la percepción de la justicia y la transparencia en el manejo de los fondos públicos en la República Dominicana.