La Altagracia.– El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia impuso medidas de coerción contra el comunicador Jefte Rafael Ventura Jiménez, acusado de presunta difamación e injuria agravada en perjuicio de la empresa Petromóvil, S.A. y del abogado y empresario Crisyael Montilla Martínez.
La decisión se produjo luego de que el tribunal acogiera la solicitud del Ministerio Público, que sostiene que existen suficientes elementos de prueba para vincular al imputado con los hechos que se le atribuyen y someterlo a proceso penal.
Como parte de las medidas impuestas, el tribunal ordenó una garantía económica de RD$1,000,000.00 mediante contrato, presentación periódica los días 30 de cada mes y una orden de protección a favor de las víctimas. Ventura deberá permanecer bajo arresto hasta tanto cumpla con las condiciones establecidas.
Origen del caso
El proceso judicial surge a raíz de una querella interpuesta por Petromóvil y Montilla Martínez, quienes acusan a Ventura de difundir informaciones falsas a través de redes sociales y plataformas digitales.
Según el expediente, el imputado publicó en mayo de 2025 varios videos en Instagram, YouTube y WhatsApp, en los que afirmaba que el combustible comercializado por la empresa no cumplía con los estándares de calidad e incluso lo calificaba de manera despectiva.
Asimismo, habría atribuido al empresario conductas intimidatorias y amenazas, lo que, según los querellantes, afectó su reputación personal y comercial.
Sustento legal de la acusación
El Ministerio Público fundamenta la acusación en violaciones al Código Penal Dominicano, la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que sanciona la difamación e injuria a través de medios electrónicos.
De acuerdo con la parte acusadora, las publicaciones habrían provocado pérdidas económicas y generado desconfianza entre los consumidores, especialmente en estaciones de servicio ubicadas en Higüey.
Postura de la defensa
Por su parte, la defensa del comunicador ha sostenido que las declaraciones de Ventura se basan en informes oficiales sobre la calidad de los combustibles, argumentando que sus denuncias se enmarcan dentro del derecho a la libertad de expresión.
Incluso, han calificado el proceso como una persecución judicial, alegando que se busca silenciar denuncias sobre presuntas irregularidades en el sector de los combustibles en el país.
Desarrollo del proceso
Inicialmente, la Fiscalía de La Altagracia había solicitado prisión preventiva como medida de coerción, al considerar la gravedad de los hechos y el impacto de las publicaciones.
Sin embargo, el tribunal optó por imponer medidas menos gravosas, permitiendo que el imputado continúe el proceso en libertad bajo condiciones.
El caso ha generado debate en la opinión pública, al poner en discusión los límites entre la libertad de expresión y la protección al honor y la reputación en el entorno digital en la República Dominicana.
