En los últimos años, la presencia de haitianos en el transporte público de República Dominicana ha ido en aumento, con muchos de ellos operando de manera informal. Esta realidad ha generado un fuerte debate entre los conductores dominicanos, quienes denuncian una competencia desleal, y los propios transportistas haitianos que buscan una oportunidad de trabajo en el país.
Históricamente, los ciudadanos haitianos han desempeñado labores en la agricultura y la construcción en República Dominicana. Sin embargo, en los últimos años, su incursión en el transporte público ha tomado fuerza, especialmente en el Gran Santo Domingo y otras zonas urbanas. Muchos de estos conductores operan sin estar afiliados a los sindicatos ni contar con permisos legales, lo que ha provocado el rechazo de los transportistas dominicanos.
Alejandro Núñez, chofer de una ruta establecida, expresa su preocupación: «Nos quitan los pasajeros sin asumir la responsabilidad que tenemos los dominicanos dentro del sistema.»
Wellington Contreras, otro conductor sindicalizado, coincide en que la falta de regulación afecta a quienes pagan las tarifas establecidas para operar legalmente. «Los choferes piratas no contribuyen con los sindicatos ni cumplen con las normativas, lo que nos pone en desventaja.»
Para operar dentro del transporte público de manera legal, un conductor debe adquirir una participación en una ruta, lo que representa una inversión considerable. En zonas como Villa Mella-La Victoria, el costo mínimo ronda los 400,000 pesos, mientras que en otras rutas puede alcanzar hasta cinco millones.
Además de esta inversión inicial, los transportistas deben pagar tarifas diarias a los sindicatos y controladores de rutas. Ante estas barreras económicas, muchos inmigrantes haitianos optan por trabajar al margen del sistema formal, generando tensión con los transportistas locales.
Las principales organizaciones de transporte han abordado el tema con distintas perspectivas. Juan Hubieres, presidente de Fenatrano, reconoce que su gremio cuenta con conductores extranjeros, incluyendo haitianos, venezolanos y colombianos, pero enfatiza que todos operan dentro del marco legal.
Por otro lado, Antonio Marte, presidente de Conatra, asegura que la presencia de haitianos es más notoria en el Gran Santo Domingo que en las rutas interurbanas. «Muchos trabajan sin licencia ni documentación y logran comprar un puesto en una ruta por precios reducidos.»
Williams Figuereo, presidente de la CNTU, confirma la participación de conductores haitianos en el sistema, aunque señala que representan una minoría dentro de su sindicato. «De nuestros 110,000 miembros, menos del 1% son haitianos.»
Para muchos inmigrantes haitianos, el motoconcho se ha convertido en la principal opción de sustento, debido a la facilidad de acceso a motocicletas. Sin embargo, este sector también enfrenta constantes operativos de Migración y regulaciones.
Ronald, un motoconchista haitiano en Villa Mella, describe su realidad laboral: «No hay vida para los haitianos en este país, estamos luchando por sobrevivir. Si mi país estuviera mejor, me iría.»
Steven, otro motoconchista, denuncia que las autoridades realizan operativos frecuentes en su contra: «Los policías se llevan a los haitianos todos los días, aunque solo estemos trabajando.»
El crecimiento de la presencia haitiana en el transporte público es un fenómeno en evolución que ha encendido el debate en el país. Mientras algunos buscan integrarse al sistema formal, otros continúan trabajando en la informalidad, lo que genera tensiones con los transportistas dominicanos.
Las autoridades y los sindicatos enfrentan el reto de encontrar soluciones que garanticen la regulación del transporte, manteniendo la seguridad y la equidad en un sector clave para la movilidad en República Dominicana.
