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Gobierno tasará y subastará bienes incautados en casos emblemáticos como “Calamar” y “César el Abusador”

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El Gobierno dominicano anunció este jueves el inicio de la tasación de seis mil bienes incautados en casos de lavado de activos, narcotráfico y corrupción. Los activos incluyen inmuebles, vehículos, joyas y aeronaves de alto valor económico, los cuales serán subastados próximamente.

Durante una rueda de prensa en la Tesorería Nacional, el tesorero Luis Rafael Delgado Sánchez y el director del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados (Incabide), Manuel Oviedo Estrada, firmaron un convenio interinstitucional para garantizar la conservación y custodia de los bienes, conforme a la Ley 60-23. Este acuerdo busca optimizar la gestión de los activos y alinearse con los principios de transparencia y eficiencia gubernamental.

Entre los bienes destacan propiedades vinculadas a casos como “Calamar”, que involucra supuesta corrupción administrativa, y el narcotraficante César Emilio Peralta, “César el Abusador”. Estas propiedades incluyen villas en La Romana, solares en Higüey y apartamentos en Santo Domingo. También se encuentran activos relacionados con Quirino Ernesto Paulino Castillo, como fincas y edificios en San Juan de la Maguana y el Distrito Nacional.

El tesorero Delgado Sánchez resaltó que esta iniciativa es la primera en llevar a cabo un proceso formal de tasación, como parte de los esfuerzos del presidente Luis Abinader por fortalecer la administración pública. Los fondos obtenidos se destinarán a proyectos sociales que beneficien directamente a la ciudadanía.

Oviedo Estrada subrayó que este proceso responde a reformas implementadas desde 2020 para garantizar la transparencia en la administración de bienes incautados. También destacó que estos bienes pasarán por un control riguroso antes de ser subastados, asegurando que su valor económico sea preservado.

El convenio firmado establece que los bienes serán entregados mediante un inventario detallado a la Tesorería Nacional, la cual se encargará de su conservación y administración hasta el momento de la subasta. Incabide será responsable de informar sobre cualquier mantenimiento o limpieza requerida, garantizando la protección de los activos.

Oviedo Estrada recordó que la Ley 60-23 asegura que los recursos obtenidos en estas subastas se utilicen en beneficio de la población. Además, afirmó que este es un paso crucial para demostrar el compromiso del Gobierno con la transparencia y el fortalecimiento institucional.

Con esta medida, el Gobierno dominicano reafirma su intención de combatir el lavado de activos y la corrupción, transformando los recursos ilícitos en oportunidades para mejorar los servicios públicos y las condiciones de vida de la población.

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