Una nueva querella penal ha sido interpuesta en relación con la presunta malversación de fondos del Plan Familiar de Salud de la Seguridad Social. Según la denuncia, se han desviado RD$13,423,537,781.34 mediante un esquema fraudulento que involucraba gastos ficticios por accidentes de tránsito, en contravención del artículo 119 de la Ley 87-01. Esta cifra fue irregularmente transferida a diversas Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), en lugar de ser utilizada para su propósito original.
La querella ha sido presentada por el Lic. Pedro Botello, el abogado Surun Hernández, y organizaciones como la Convergencia Nacional Contra el Robo de la Seguridad Social, Inc., la Federación Nacional de Trabajadores Afiliados a la Seguridad Social (FEDASS), y la Fundación Primero Justicia, Inc. Entre los acusados se encuentran altos funcionarios de la Seguridad Social, incluyendo al Tesorero Henry Sadhala, miembros del Consejo Nacional de la Seguridad Social, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, el Contralor General, y el Gerente de la Seguridad Social.
Se alega que estos funcionarios permitieron la descapitalización de la “cuenta cuidado de la salud de las personas” al transferir ilegalmente fondos a las ARS Simag, Mapfre Salud ARS, Primera ARS Humano, ARS Universal, ARS Yunen, ARS Monumental, ARS Futuro, ARS Renacer, Aps ARS, ARS Meta Salud, ARS Reservas, ARS Gma, Administradora de Servicios Médicos Amor y Paz (Asemap) y ARS Plan Salud del Banco Central. Esta transacción ha sido respaldada por certificaciones emitidas por la Tesorería de la Seguridad Social.
Los demandantes sostienen que este fraude ha tenido consecuencias devastadoras, afectando gravemente la salud y la vida de los trabajadores dominicanos que, a pesar de haber cumplido con sus aportaciones, vieron cómo su seguro no cubría los tratamientos médicos necesarios. Esta situación, afirman, no solo enriqueció a empresarios del sector de seguros, sino que también resultó en muertes evitables. Exigen que el Ministerio Público actúe con urgencia para abordar lo que consideran un crimen de lesa humanidad contra el pueblo dominicano.