La renuncia de Carlos Pimentel al puesto de director de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP) se produce en medio de diversas denuncias sobre la incompatibilidad de intentar mantener simultáneamente su posición anterior. Este hecho lo coloca en la lista de funcionarios que han enfrentado problemas durante la presidencia de Luis Abinader.
Tras días de críticas, advertencias del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y cuestionamientos de diversos sectores de la sociedad civil, Pimentel decidió este lunes no asumir la nueva posición y continuar en su cargo desde el año 2020.
Con su renuncia, Carlos Pimentel se convierte en el 19º funcionario del gobierno de Abinader en dejar su cargo. Sin embargo, solo unos pocos han optado por renunciar por su cuenta. En total, tres exfuncionarios han tomado esta decisión tras ser vinculados a presuntas irregularidades.
Entre los que también han renunciado se encuentran Kinsberly Taveras, exministra de la Juventud y actualmente diputada por la provincia Santo Domingo; y Lisandro Macarrulla, exministro de la Presidencia.
El caso de Kinsberly Taveras destaca porque pidió una licencia antes de renunciar, tras ser señalada por enriquecimiento ilícito en una investigación de la periodista Nuria Piera. Aunque el Ministerio Público abrió una investigación y la citó a interrogatorios, la causa no continuó y hoy ocupa un cargo en la Cámara de Diputados.
Por su parte, Lisandro Macarrulla no fue objeto de señalamiento directo, pero su hijo fue mencionado en la operación Medusa, lo que suscitó dudas sobre su integridad. Tras su salida, se alegó que su desvinculación se debió a un acuerdo previo entre Abinader y Macarrulla.
La situación de Carlos Pimentel es un claro ejemplo de las tensiones dentro del gobierno y de la vigilancia que enfrentan los funcionarios en medio de acusaciones de irregularidades. Su reciente nombramiento como director de la DGAPP, a la par de su cargo en Contrataciones Públicas, generó controversia, especialmente tras la divulgación de una carta del consultor jurídico que advertía sobre posibles violaciones a la ley si se mantenían ambos cargos.