El plazo para que los funcionarios que asumieron el cargo el 16 de agosto presentaran su declaración jurada de patrimonio ha finalizado, y solo 129 legisladores lo hicieron. De los 112 diputados, se incluyen ocho que fueron cesados, elevando la cifra total a 120. En el caso de los senadores, 17 presentaron su declaración, a los que se suman dos cesados, resultando en 19 senadores.
A pesar de que el plazo concluyó a las 11:59 PM del lunes, se reportó que técnicos de la Oficina de Evaluación y Fiscalización de los Funcionarios Públicos continuaban trabajando hasta la madrugada del martes para asistir a los declarantes.
Este proceso está regulado por la Ley 311-14, que establece el Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio. Según esta ley, están obligados a declarar no solo el presidente y el vicepresidente de la República, sino también senadores, diputados, jueces, ministros y otros altos funcionarios del Estado.
La ley busca promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, abarcando a una amplia gama de servidores, desde los miembros del Ministerio Público hasta los administradores de empresas estatales.
Con la baja participación en la presentación de declaraciones, surgen interrogantes sobre el compromiso de los legisladores con la transparencia y la ética en el ejercicio de sus funciones.