Los abogados del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, aseguraron que el desembolso de RD$21 mil millones realizado en 2020 a favor del Banco de Reservas constituyó una obligación legal del Estado y una operación estrictamente interinstitucional, que no implicó transferencia directa de recursos a contratistas ni salida de fondos del ámbito estatal.
A través de su defensa legal, Guerrero sostuvo que dicho pago no creó ni operó ningún programa nuevo con contratistas, sino que se enmarcó dentro del Programa de Financiamiento a Contratistas y Proveedores, vigente desde el año 2003.
El abogado Eduardo Núñez, representante del exfuncionario, explicó que el desembolso se realizó del Ministerio de Hacienda al Banco de Reservas, como parte de los compromisos del Estado para respaldar ese mecanismo financiero, mediante el cual la entidad bancaria adelantaba recursos a contratistas y suplidores con el objetivo de garantizar la continuidad de las obras públicas.
La defensa enfatizó que los fondos transferidos permanecieron dentro del sistema estatal, y que Banreservas actuó como intermediario financiero bajo un esquema previamente establecido, sin que el exministro dispusiera de los recursos ni beneficiara directamente a terceros.
