Abel Martínez ha iniciado un proceso formal para verificar la paternidad de un menor que reside en Estados Unidos, siguiendo los lineamientos establecidos por la legislación dominicana. El equipo legal de Martínez, encabezado por el abogado Rafael Ceballos, comenzó este procedimiento hace algunas semanas con el fin de aclarar la paternidad del niño y actuar con total transparencia.
Ceballos explicó que la noticia sobre la posible existencia de un hijo de Martínez surgió durante la campaña electoral. En respuesta a esta situación, Martínez asumió la responsabilidad económica correspondiente, cubriendo mensualidades y brindando apoyo a la madre del menor. Sin embargo, dejó claro que, una vez terminada la campaña, iniciaría los trámites legales necesarios para resolver esta cuestión.
Al finalizar su campaña, Martínez se dirigió al organismo encargado de la protección de Niños, Niñas y Adolescentes para solicitar el inicio del proceso de verificación de la paternidad. Su objetivo es determinar si efectivamente es el padre del menor y, en caso afirmativo, cumplir con todas las responsabilidades legales y garantizar el bienestar del niño. El equipo legal presentó una demanda ante el Ministerio Público para la determinación de la paternidad y convocó a la madre del menor para que participara en el proceso.
Sin embargo, la respuesta de la madre no fue la esperada. Ceballos denunció que ella realizó declaraciones públicas falsas en un video, lo que complicó el proceso. A pesar de esto, la postura de Martínez ha sido siempre clara: su intención es transparentar la situación y, de confirmarse la paternidad, actuar conforme a la ley para asegurar los derechos del menor y establecer un régimen de convivencia adecuado, de acuerdo con lo que dispongan las autoridades competentes.
El abogado también enfatizó que la madre del menor ya ha sido notificada oficialmente de la demanda y la citación ante el organismo competente. Martínez y su equipo legal están comprometidos con un proceso rápido y consensuado, con el objetivo de resolver la situación de manera justa y conforme a la normativa vigente, garantizando así el bienestar del menor involucrado.