La Fundación de Servicios, Promoción y Defensa de los Dominicanos en el Exterior (FUNSEDE) propuso modificar el artículo 20 de la Constitución dominicana para eliminar el requisito que obliga a los dominicanos residentes en el extranjero a esperar 10 años, después de renunciar a otra nacionalidad, antes de aspirar a la Presidencia o Vicepresidencia de la República.

La propuesta fue presentada por Pablo Rodríguez, presidente de FUNSEDE, durante una intervención en AlTanto, donde calificó esa disposición como discriminatoria y contraria al principio de igualdad establecido en el artículo 39, numeral 1, de la Constitución.

Rodríguez explicó que la organización no cuestiona la exigencia de renunciar a una nacionalidad adquirida para optar por la Presidencia o Vicepresidencia, sino el plazo adicional de 10 años que establece la legislación después de cumplir con ese requisito.

«El hecho de que tú hayas emigrado del país no implica una violación a ninguna ley», expresó el dirigente, al señalar que residir en el extranjero responde al ejercicio del derecho al libre tránsito y no debería representar una limitación para participar en la política dominicana.

Llamado a los líderes políticos

El presidente de FUNSEDE planteó que la iniciativa sea llevada al debate nacional y pidió el respaldo de los principales dirigentes políticos, candidatos presidenciales, expresidentes y legisladores, incluidos los representantes de la diáspora en el Congreso Nacional.

Entre las figuras mencionadas estuvieron Carolina Mejía, David Collado, Francisco Javier García, Abel Martínez, Francisco Domínguez Brito, Wellington Arnaud y Guido Gómez Mazara, así como los expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina.

Rodríguez también llamó al presidente Luis Abinader y a los congresistas a discutir la modificación, al considerar que los dominicanos en el exterior participan activamente en la vida política del país, respaldan a los partidos y contribuyen al financiamiento de sus campañas.

Como antecedente, recordó que la Ley 2569-50 establecía un recargo del 50 % en los impuestos sucesorales para los dominicanos residentes fuera del país, disposición que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional mediante la sentencia TC/0033/12.

A juicio de Rodríguez, la residencia en el extranjero no debe convertirse en una razón para limitar los derechos políticos de los dominicanos, por lo que insistió en que la propuesta de modificación del artículo 20 sea sometida a discusión.