Miguel Jesús P. Peña, exempleado de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), denunció que fue cancelado de manera injustificada cuando le faltaban menos de dos años para alcanzar su jubilación, luego de acumular más de 18 años de servicio en esa institución y sus distintas denominaciones.

Peña explicó que su desvinculación ocurrió durante la gestión de Carlos Bonilla, quien estuvo al frente del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), y aseguró que la decisión se produjo pese a mantener un historial laboral sin sanciones y evaluaciones de desempeño de hasta un 90 %.

El exempleado sostuvo que, tras su cancelación, acudió al Ministerio de Administración Pública (MAP), al Defensor del Pueblo y al Ministerio de Trabajo en busca de una solución, pero no obtuvo el respaldo esperado. Posteriormente, llevó el caso ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), donde, según relató, obtuvo una sentencia favorable que ordenaba reconocer sus derechos, reincorporarlo y pagarle los salarios atrasados.

Sin embargo, afirmó que la institución cuestionó ante el Tribunal Constitucional las pruebas presentadas para demostrar sus años de servicio y se opuso a que le fueran reconocidos los derechos reclamados. Indicó que su expediente permanece en ese alto tribunal desde hace aproximadamente tres meses, a la espera de una decisión.

Asegura que lleva más de un año sin ingresos

Peña, de 68 años, manifestó que lleva alrededor de un año y tres meses sin trabajar ni contar con recursos económicos suficientes para mantenerse, debido a que su edad le dificulta conseguir otro empleo.

También señaló que, aunque es jubilado del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), tiene más de un año sin recibir esa pensión, que describió como inferior a los 3,000 pesos mensuales.

«Tengo un año sin recursos. El próximo paso es coger una latica y ponerme a pedir en una avenida», expresó, al lamentar que después de tantos años de servicio se encuentre en esa situación.

Pide intervención del Tribunal Constitucional

El exempleado hizo un llamado al Tribunal Constitucional para que revise su expediente y emita una decisión sobre su reclamación, al considerar que su edad y trayectoria laboral lo colocan en una condición de especial protección.

Asimismo, pidió a los legisladores y a las autoridades gubernamentales intervenir en su caso, al entender que se están vulnerando sus derechos laborales y los principios constitucionales de protección a las personas envejecientes.

«La Constitución debe proteger a los envejecientes. ¿Quién nos protegerá si no la Constitución?», cuestionó Peña, quien insistió en que necesita una respuesta que le permita acceder a la pensión que reclama tras casi dos décadas de servicio.