El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional convocó para el 17 de noviembre a las 9:00 de la mañana la audiencia de juicio preliminar contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), junto a otros ocho implicados en la Operación Camaleón.
La magistrada Yanibet Rivas, quien preside el tribunal, ordenó notificar la decisión al Ministerio Público y a los representantes legales de los imputados. Esta etapa se abre tras la designación del caso por parte de la jueza Kenya Romero, coordinadora de los juzgados de la Instrucción, luego de que la magistrada Patricia Padilla se desapoderara del expediente.
El proceso surge de una investigación realizada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que acusa a diez personas y siete empresas de formar parte de una estructura criminal dedicada al fraude, corrupción administrativa y lavado de activos mediante contratos irregulares vinculados al Intrant y al Ministerio de Defensa.
Entre los procesados figuran Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
Las entidades comerciales incluidas en la acusación son Transcore Latam S.R.L., AURIX S.A.S., INPROSOL S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
De acuerdo con la Pepca, el empresario José Ángel Gómez Canaán sería el principal articulador del entramado, utilizando sus vínculos con las empresas mencionadas para manipular licitaciones, sabotear sistemas tecnológicos del Estado y canalizar fondos públicos hacia operaciones de lavado.
El exfuncionario Hugo Beras es señalado por facilitar adjudicaciones fraudulentas y permitir el acceso de empresas sin capacidad técnica a contratos públicos, afectando la red de semaforización y videovigilancia del Gran Santo Domingo.
El Ministerio Público asegura tener pruebas de contratos amañados, desvíos de fondos, falsificación de documentos, espionaje tecnológico y actos de sabotaje. Por estos hechos, el expediente fue declarado complejo en octubre de 2024 por la jueza Fátima Veloz, quien impuso medidas de coerción a los principales acusados.
Con esta audiencia preliminar, la justicia determinará si existen méritos suficientes para enviar el caso a juicio de fondo, donde los implicados enfrentarían cargos por corrupción administrativa, lavado de activos y delitos tecnológicos.
