La imparcialidad de la jueza Fátima Veloz, responsable de imponer medidas de coerción a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat en el conocido caso Jet Set, ha sido puesta en entredicho tras revelarse posibles lazos comerciales con entidades relacionadas a los imputados.
De acuerdo con informaciones obtenidas, Veloz tiene conexiones familiares con figuras claves del sector turístico del Este del país. Su padre, Manuel Ernesto Veloz Valdez, es un empresario reconocido por su estrecha vinculación con el Grupo Puntacana.
Ha ocupado cargos de alto perfil, entre ellos la presidencia de la Asociación de Hoteles del Este, la dirección del Clúster Turístico de La Altagracia y ha sido miembro del directorio de ASONAHORES y del Fondo Hotelero, además de presidir la Sala Capitular del distrito municipal Verón–Punta Cana.
Estas relaciones han reavivado el debate sobre posibles conflictos de interés en procesos judiciales de alto perfil, especialmente cuando involucran figuras influyentes del sector privado y turístico del país.
