El abogado Tomás Castro expresó su contundente postura respecto a la anulación de la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional. En conversación con el periódico Altanto.com.do, Castro subrayó que la ley nunca debió haber sido sometida al Congreso Nacional, mucho menos aprobada, ya que, según su juicio, “es evidentemente violatoria de la Constitución, tanto en sus procedimientos como en su aplicación”.
El Tribunal Constitucional anuló la ley al considerar que no se ajustaba a los principios constitucionales. A través de la Sentencia TC/0767/24, el tribunal acogió la acción de inconstitucionalidad presentada por los partidos Fuerza del Pueblo, Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Partido Revolucionario Dominicano (PRD), determinando que la ley debía ser “expulsada” del ordenamiento jurídico del país.
Castro señaló que, más allá de la mayoría con la que la ley fue sancionada, el problema radica en que no fue aprobada como una ley orgánica, lo cual contraviene los procedimientos establecidos por la Constitución. Además, el abogado insistió en que esta legislación, bajo el pretexto de la seguridad del Estado, buscaba “violentar derechos fundamentales de los ciudadanos”, lo que hace aún más grave su impacto.
El análisis de Castro coincide con las críticas que originaron la modificación de la ley, impulsada por el Poder Ejecutivo, para limitar el alcance de la DNI y establecer mayores controles sobre sus acciones. La sentencia del Tribunal Constitucional ha sido un respiro para quienes consideran que esta ley representaba un peligro para las libertades individuales en nombre de la seguridad del Estado.