Entre los numerosos acuerdos realizados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) con imputados de varios casos de corrupción, algunos procesados se comprometieron a devolver millones de pesos y al decomiso de bienes; otros fueron multados con el pago de tres mil salarios mínimos.
Acuerdos en el Caso Coral
En el caso Coral, el Ministerio Público informó que se llegó a un acuerdo con los representantes de las empresas Meljo Comercial E.I.R.L. y Optimus E.I.R.L. Mediante un procedimiento penal abreviado, el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenará la disolución de las empresas, la clausura de sus locales y el decomiso de los bienes a su nombre. Estas empresas deberán pagar una multa de tres mil salarios mínimos y una indemnización de RD$20 millones a favor del Estado dominicano.
La Fiscalía señaló que los representantes de ambas empresas actuaron como “prestanombres” para el coronel Rafael Núñez de Aza y la primer teniente (PN) Jehohanan Lucía Rodríguez, quienes son los verdaderos propietarios de las sociedades comerciales. Meljo Comercial E.I.R.L. y Optimus E.I.R.L. fueron separadas del expediente de la Operación Coral el año pasado, tras ser implicadas en un desfalco al Estado dominicano por aproximadamente RD$360 millones a través de Cestur y Cusep.
Operación Calamar: Confesiones y Devoluciones
El caso conocido como “Operación Calamar” involucra a destacados exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina y una compleja estructura criminal que saqueó al Estado dominicano por más de RD$21 mil millones. El Ministerio Público afirma que aquellos que asumieron su responsabilidad lograron acuerdos para admitir su culpabilidad y devolver millones de pesos, además de comprometerse a colaborar para condenar a los principales responsables, lo que incluye presentar testimonios en su contra.
José Arturo Ureña Pérez admitió haber sido parte integral de esta estructura criminal, centrando su participación en la creación de un esquema de cobro ilícito a las bancas deportivas, que eran obligadas a pagar una cuota mensual bajo amenaza de cierre por parte del Ministerio de Hacienda. En un acto de arrepentimiento y cooperación, Ureña Pérez ha acordado devolver 500 millones de pesos mediante cheques.
Fernando Crisóstomo Herrera jugó un papel crucial en la operación del “proyecto o programa”, una iniciativa ilegal autorizada supuestamente por Donald Guerrero para recaudar fondos de las bancas de lotería, deportivas y colmados con máquinas tragamonedas. Ha acordado devolver más de 101 millones de pesos.
Ramón Emilio Jiménez Collie, conocido como Mimilo, fue el responsable de la logística financiera del esquema de corrupción. En un acuerdo con las autoridades, ha consentido devolver 715 millones de pesos en efectivo y bienes inmuebles.
Homologación Judicial
Para que estos acuerdos puedan proceder, deben ser homologados por el juez o jueza del juzgado correspondiente, quienes deberán considerar las pruebas aportadas por el Ministerio Público y las imputaciones contra los acusados.
Estos acuerdos representan un avance significativo en la lucha contra la corrupción en la República Dominicana, permitiendo la recuperación de fondos y bienes sustraídos al Estado y reforzando la importancia de la cooperación y el arrepentimiento en los procesos judiciales.