El empresario Ramón Emilio Jiménez Collie, conocido como “Mimilo” y Fernando Crisóstomo Herrera han acordado devolver al Estado dominicano una suma de 1,816,770,078 pesos en efectivo y bienes. Este acuerdo se alcanzó tras negociaciones con el Ministerio Público, que ha decidido desistir de la acción penal en contra de ambos individuos, aunque el arreglo aún requiere la aprobación del tribunal.
Según la documentación del proceso, que la jueza ordenó notificar a las partes involucradas, Crisóstomo Herrera se comprometió a que el pago deberá ser efectivo antes de la homologación judicial del criterio de oportunidad con la audiencia pautada para el 13 de junio.
Crisóstomo Herrera acordó “decomisar de manera voluntaria en favor del Estado dominicano la cantidad de 1,101,770,078.50 pesos dominicanos,” a través de “cheques certificados a nombre de la Procuraduría General de la República, bienes inmuebles u otros activos.” Por su parte, Mimilo Jiménez aceptó entregar “715 millones en efectivo y bienes inmuebles.” Ambos han sido señalados como delatores en el expediente y han admitido su responsabilidad en delitos de asociación de malhechores, sobornos y lavado de activos.
“Se ha solicitado el criterio de oportunidad en base a su arrepentimiento y su disposición a cooperar para llevar ante la justicia a los demás responsables,” indican los documentos notificados a las partes del caso “Operación Calamar.” Además de Mimilo y Crisóstomo Herrera, la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) también ha solicitado un criterio de oportunidad para Víctor Matías Encarnación Montero, José Arturo Ureña, Belkis Antonia Tejada Ramírez, Natalia Cesarina Beltré Torres y la empresa Grupo Dibefe, S.R.L.
Las defensas de los acusados formalmente han calificado el acuerdo con los delatores como irregular, añadiendo una nueva capa de controversia a este complejo caso de corrupción.