Por Milcíades Pichardo
En los últimos meses de 2025, República Dominicana ha sido sacudida por una serie de casos de violaciones sexuales en grupo que han generado indignación nacional e internacional. Estos actos brutales, que involucran a múltiples agresores y, en muchos casos, la grabación y difusión de videos en redes sociales, no son fenómenos aislados, sino manifestaciones de una violencia machista arraigada en la sociedad dominicana.
Según datos de la Procuraduría General de la República, en 2018 se reportaron más de 6.300 delitos sexuales, incluyendo 1.290 violaciones, y las cifras han aumentado en años recientes, con un enfoque particular en agresiones grupales contra mujeres jóvenes y adolescentes.
Una psicóloga consultada asegura que “las violaciones en grupo responden a una combinación de factores culturales, educativos e institucionales que perpetúan la impunidad y normalizan la violencia contra las mujeres”. En primer lugar, el machismo y el patriarcado dominan la cultura social, donde las mujeres son vistas como objetos de dominio y control.
Algunos sociólogos destacan que estas agresiones colectivas han sido «socialmente legitimadas» durante décadas, reforzadas por la complicidad grupal y la exhibición de poder a través de videos que funcionan como «trofeos».
Esta lógica de dominación se ve agravada por la difusión en plataformas digitales, convirtiendo la violencia en un espectáculo público. Otro factor clave es la falta de educación en valores y equidad de género. Según UNICEF, el 65% de las adolescentes entre 15 y 17 años ha sufrido violencia sexual en algún momento de su vida, un dato que refleja la permeabilidad de estas normas tóxicas desde la infancia.
La pobreza y la desigualdad agravan el problema: en zonas vulnerables como barrios marginales o áreas turísticas, las mujeres de bajos recursos son más expuestas, y el consumo de alcohol y drogas en entornos como discotecas facilita las agresiones. Además, la inacción institucional juega un rol crucial. La Policía Nacional ha sido señalada por Amnistía Internacional por usar la violación como forma de control social, especialmente contra trabajadoras sexuales, lo que genera un ciclo de impunidad.
Casos recientes, como el de una joven de 21 años en Villa González, drogada y violada por seis hombres en marzo de 2025 —cuya agresión se viralizó meses después—, ilustran cómo la falta de prevención y respuesta rápida perpetúa estos crímenes.
Las repercusiones de las violaciones en grupo trascienden el trauma individual, afectando la salud pública, la economía y el tejido social de República Dominicana.
Para las víctimas, las consecuencias son inmediatas y duraderas: traumas psicológicos como estrés postraumático, ansiedad y depresión, que requieren atención especializada a largo plazo. En el ámbito físico, hay riesgos de embarazos no deseados —con una tasa del 20% de nacimientos en adolescentes— y transmisión de infecciones de transmisión sexual.
La revictimización es común durante los procesos judiciales, donde las mujeres enfrentan estigmas y falta de apoyo, como se evidencia en testimonios de víctimas que tardan meses en descubrir su agresión a través de videos en línea.
A nivel social, estos crímenes erosionan la confianza en las instituciones y fomentan un clima de miedo. El Ministerio de la Salud reporta que el abuso sexual es el segundo tipo más frecuente de violencia contra niños y adolescentes, con el 29% de las víctimas sexuales siendo menores, lo que perpetúa un ciclo de vulnerabilidad intergeneracional.
Económicamente, la violencia genera costos en salud y justicia: en 2025, casos como el de Los Tres Brazos (Santo Domingo Este), donde cinco jóvenes violaron a una adolescente de 16 años, han exigido recursos para investigaciones y apoyo a víctimas.
Además, la difusión de videos agrava el estigma, limitando la movilidad y oportunidades de las sobrevivientes, y contribuye a una «descomposición social» denunciada por figuras como Fiero Valenzuela.
Finalmente, las autoridades deben saber que erradicar las violaciones en grupo requiere un enfoque multisectorial que aborde las raíces del problema, con énfasis en prevención, justicia y apoyo a víctimas. En primer lugar, fortalecer la educación: implementar programas obligatorios en escuelas sobre equidad de género y consentimiento, como propone la Asociación Dominicana de Ayuda Social, Ecológica y Cultural, que ya ofrece talleres para desarrollar conciencia en jóvenes.
UNICEF y la OPS recomiendan rutas de atención interinstitucional, como la Guía para la Atención en Salud de Víctimas de Violencia, para garantizar apoyo inmediato. En el ámbito judicial, urge reformar el Código Penal para eliminar barreras en casos de menores y asegurar penas ejemplares: las violaciones grupales deben castigarse con hasta 30 años de prisión, con agravantes por grabación y difusión.
La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, ha llamado a investigaciones exhaustivas y sanciones rápidas, como en el caso de Los Tres Brazos, donde se impuso prisión preventiva.
Además, capacitar a la Policía y fiscales en protocolos sensibles al género, y crear unidades especializadas contra la ciberviolencia, es esencial para romper la impunidad.
Es necesario y urgente iniciar campañas públicas de publicidad y orientación contra el machismo —financiadas por el Estado y ONGs como Profamilia—, que pueden cambiar normas culturales. La aprobación de leyes antidiscriminación, pendiente desde 2019, protegería grupos vulnerables. El éxito en reducir el tráfico sexual infantil en un 78% mediante colaboraciones con IJM demuestra que la rendición de cuentas funciona: cuando los agresores temen consecuencias, la prevalencia cae.
