El Tribunal Constitucional (TC) de la República Dominicana emitió la sentencia TC/0225/25, en la que determina que el Ministerio Público y sus dependencias no deben utilizar públicamente sobrenombres o apodos para identificar expedientes judiciales. El fallo argumenta que dicha práctica afecta principios fundamentales como la presunción de inocencia, la dignidad humana, y el derecho al honor y al buen nombre de los implicados.
La decisión favorece al exprocurador Jean Alain Rodríguez, quien desde 2021 enfrenta cargos por presuntos actos de corrupción. Desde el inicio del proceso, su defensa se opuso al nombre «Operación Medusa», asignado al caso por las autoridades, e inició acciones legales para exigir que se eliminara dicho mote.
Pese a que sus peticiones fueron desestimadas en primera instancia por dos tribunales en 2022, el Tribunal Constitucional acogió finalmente el recurso de revisión interpuesto por su equipo legal. La sentencia señala que los apodos solo deben emplearse de forma interna y confidencial durante las investigaciones, y no deben ser divulgados al público, ya que podrían inducir percepciones negativas sobre los investigados.
El TC sugiere además que, en caso de utilizar claves para clasificar los casos, estas no deben tener relación directa con los hechos bajo investigación, con el objetivo de proteger la identidad de los involucrados hasta que exista una sentencia definitiva.
Esta disposición no se limita al caso particular de Rodríguez. El tribunal otorgó efectos inter comunis, lo que significa que la sentencia se extiende a situaciones similares, prohibiendo el uso de apodos en cualquier otro proceso judicial en curso o futuro.
Desde 2020, el Ministerio Público ha bautizado varios casos de alto perfil con nombres simbólicos como “Antipulpo”, “Coral”, “Calamar” o “Barril”, práctica que a partir de esta sentencia queda restringida en los espacios públicos y medios oficiales.
