Los costos de los medicamentos para el tratamiento del cáncer de mama en Santo Domingo varían significativamente dependiendo del tipo de fármaco, la etapa del cáncer, si el centro medico tratante es publico o pivado y si el paciente accede a subsidios gubernamentales.
En el sistema público, a través del Programa de Medicamentos de Alto Costo (PMAC) del Ministerio de Salud Pública, muchos tratamientos oncológicos son gratuitos o altamente subsidiados para pacientes elegibles
En clínicas privadas o farmacias, los precios son mucho más altos, y un tratamiento completo (incluyendo quimioterapia, cirugía y terapias dirigidas) puede oscilar entre 8 y 10 millones de RD$ para una paciente.
El director del Programa de Altos Costos ha dicho recientemente que hay un aumento inusitado de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama. Lo alarmante no es solo el incremento de casos, sino la otra cara de la moneda: los oncólogos denuncian que muchas pacientes están falleciendo, no por falta de diagnóstico, sino porque no reciben los medicamentos que necesitan del propio programa que debía protegerlas.
Y esos, paradójicamente, son los “afortunados”: los que al menos lograron entrar al sistema. Detrás de ellos queda una larga fila invisible —mujeres, hombres y familias enteras— que no califican o que requieren tratamientos que las ARS aún no cubren. A esos los ha abandonado el Estado.
La Sociedad Dominicana de Oncología ha sido clara: el Programa de Altos Costos no se ha reunido con ellos. Decir que no hay pacientes en lista de espera parece más un deseo que una realidad. Tampoco se ha hecho un levantamiento nacional que permita conocer la cantidad real de pacientes oncológicos, sus tipos de cáncer, sus tratamientos pendientes o su nivel de cobertura. Y sin datos, no hay políticas públicas efectivas. En este caso, la falta de información se traduce en muertes evitables.
Esto no se trata de quién tiene la razón, sino de cuántas vidas seguimos perdiendo mientras las instituciones se debaten entre egos y competencias. Es hora de sentarse —autoridades, médicos, asociaciones y aseguradoras— a tener una conversación sincera, una que no busque titulares ni aplausos, sino soluciones reales. Porque cuando el costo de la inacción son vidas humanas, no hay presupuesto que lo justifique.
