Santo Domingo, República Dominicana. — La abogada Susana Gautreau arremetió contra los intentos de ocultar responsabilidades en la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, ocurrida el pasado 14 de noviembre de 2025 durante una excursión organizada por el Colegio Leonardo Da Vinci, en instalaciones de la Hacienda Los Caballos, en el municipio Gurabo, Santiago.
Stephora, estudiante destacada incluida en el cuadro de honor del colegio por sus méritos académicos, participaba en un pasadía de premiación para los alumnos con mejor rendimiento. La actividad incluía el uso de piscina en la hacienda privada. Se ha indicado que la piscina era un área destinada para adultos, sin las condiciones mínimas de seguridad requeridas para menores.
La excursión no fue notificada ni autorizada oficialmente por la instancia correspondiente del Ministerio de Educación (Minerd), como exige la normativa vigente. El centro educativo les solicitó a los padres enviar a Stephora con bañador, lo que confirmaba que la piscina sería parte del evento. Al momento de la tragedia, no había personal de salvavidas, equipos de rescate, botiquines, camillas ni salvaguardas de seguridad.
Cuando la madre fue informada de que su hija “no se encontraba bien” y “estaba vomitando”, no le dijeron la verdad: la menor ya había fallecido. Posteriormente, al llegar a la hacienda, le impidieron la entrada por varias horas, y sólo se le permitió ver a su hija muerta en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Según el certificado médico preliminar de defunción, la causa fue asfixia mecánica por ahogamiento e insuficiencia respiratoria, presuntamente en la piscina del establecimiento.
La madre, Lovelie Joseph Raphael, acompañada por los abogados Shesnel Calcaño y Miguel Díaz, denuncia la falta de transparencia por parte del colegio y de las autoridades. A 11 días del suceso, la familia aún no ha recibido el informe preliminar del Inacif, ni el acceso a los videos de seguridad de la villa, que podrían aportar claridad sobre lo ocurrido.
Además, señalan que el centro educativo mantiene retenidas las pertenencias de la menor, incluidas su mochila y objetos personales, y no ha hecho contacto formal con ellos para ofrecer disculpas o explicaciones.
Los abogados califican como “actos de extrema gravedad” la organización de la actividad, dado que la normativa vigente del Minerd prohíbe pasadías, excursiones o salidas recreativas a ríos, piscinas, balnearios o zonas de riesgo físico.
Ante la presión mediática y el clamor social, la Procuraduría General de la República, bajo la dirección de Yeni Berenice Reynoso, ha ordenado reforzar las investigaciones del caso. La fiscalía y la unidad especializada en Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnáf) han sido instruidas para profundizar las pesquisas.
Por su parte, Minerd reconoció que el centro educativo violó los protocolos al no notificar ni autorizar oficialmente la excursión.
Susana Gautreau denunció que existe un intento evidente de encubrir responsabilidades: desde la falta de informes y testimonios transparentes, hasta la retención de evidencias y el silencio institucional. A su juicio, este caso pone en evidencia graves fallas en los controles de seguridad en actividades escolares, y advierte que se deben sancionar no solo a los ejecutores materiales, sino también a quienes permitieron la organización de una excursión prohibida bajo normativas vigentes.
Exige que se realice una investigación exhaustiva, que se hagan públicos los videos de seguridad, que se determinen responsabilidades claras y que se aplique la justicia con la severidad que amerita la muerte de una menor confiada a una institución educativa.
