Santo Domingo.– Santiago Hazim, señalado como principal imputado en el desfalco millonario al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), junto a otros seis acusados, solicitó a la Corte de Apelación del Distrito Nacional la revisión de la medida de coerción que los mantiene en prisión preventiva.
Los imputados interpusieron un recurso de apelación mediante el cual solicitan la sustitución de la prisión preventiva por medidas menos gravosas, alegando que cuentan con suficientes arraigos personales, familiares y laborales que garantizan su comparecencia ante la justicia.
La solicitud fue depositada ante la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, instancia que remitirá el expediente al tribunal de alzada, el cual deberá fijar la fecha para conocer el recurso presentado por las defensas.
Los acusados que cumplen 18 meses de prisión preventiva inicialmente en Najayo y posteriormente trasladados al centro penitenciario Las Parras por falta de espacio son: Santiago Marcelo Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
La imposición de la medida fue dictada por el juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, tras una audiencia marcada por tensiones y manifestaciones en los alrededores del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
El Ministerio Público acusa a los imputados de integrar una presunta red de corrupción administrativa que habría ocasionado un perjuicio al Estado dominicano superior a RD$15,900 millones, mediante irregularidades cometidas en perjuicio del SeNaSa, afectando a más de siete millones de afiliados.
Durante el proceso de coerción, el órgano acusador presentó más de 138 pruebas documentales y 35 pruebas testimoniales y periciales, incluyendo señalamientos de procedimientos médicos presuntamente innecesarios con fines de lucro indebido.
El equipo del Ministerio Público estuvo encabezado por Wilson Camacho y Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a un grupo de fiscales especializados.
En el caso también figuran otros imputados, entre ellos Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen arresto domiciliario, con impedimento de salida del país y, en el caso de las dos últimas, garantía económica de RD$100,000 pesos cada una.
