El senador Eduard Espiritusanto ha sometido un proyecto de ley con el propósito de poner fin a las estafas inmobiliarias en el país, regulando la intermediación y los servicios dentro del sector. Esta propuesta busca garantizar que las transacciones inmobiliarias sean seguras, confiables y libres de fraudes, estableciendo un sistema robusto que prevenga malas prácticas y proteja a los consumidores.
La nueva legislación propone la creación de un Registro Nacional de Intermediarios Inmobiliarios, supervisado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM). Esta medida permitirá que solo los profesionales debidamente autorizados puedan ejercer, mientras que aquellos que cometan fraudes o malas prácticas perderán su licencia y no podrán ejercer nuevamente. Además, se establecerán sanciones severas para quienes realicen actividades sin la debida autorización, incluyendo multas, suspensión de actividades e incluso sanciones penales en caso de fraude o suplantación de identidad.
El proyecto introduce también el innovador Servicio de Geolocalización de Inmuebles Georreferenciados, una herramienta que permitirá verificar en tiempo real la ubicación, titularidad y estado legal de una propiedad registrada, garantizando mayor transparencia en el sector inmobiliario.
En su intervención, Espiritusanto destacó la necesidad urgente de crear un sistema de confianza para que tanto compradores como empresas inmobiliarias operen bajo la legalidad, la transparencia y el respeto. El senador resaltó la creciente preocupación por las estafas inmobiliarias, que afectan principalmente a dominicanos residentes en el extranjero, quienes ven sus sueños de tener una vivienda propia truncados por fraudes que les hacen perder sus ahorros de toda una vida.
Las reformas también incluirán requisitos obligatorios para los corredores y agentes inmobiliarios, como la formación en corretaje, la ausencia de antecedentes penales y el cumplimiento de obligaciones tributarias. Además, se exigirá a los agentes contar con un seguro de responsabilidad civil para proteger a los consumidores en caso de irregularidades.
