Santo Domingo. – En una rueda de prensa realizada en este día, el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, informó los resultados de la licitación para seleccionar a las compañías que asumirán la emisión de licencias de conducir en el país.
El consorcio ganador fue Mobility ID, integrado por varias firmas internacionales y una dominicana: Consorcio ST, Get Secure ID, Thomas Greg and Son, Gráfica de Servicios de Industrias y Comercio y Midas Dominicana, S.A..
Morrison explicó que el contrato tendrá una duración de cinco años y no contempla aumento en el costo de la licencia. Por el contrario, aseguró que el Estado recibirá mayores beneficios, un producto de mayor calidad y un impacto financiero positivo estimado en más de RD$1,000 millones para programas de seguridad vial.
Principales beneficios del nuevo modelo (2025-2030):
- Mayor seguridad: licencias en policarbonato con QR dinámico, hologramas, PKI y estándares ISO.
- Licencia digital: implementación inicial del 10 % bajo norma ISO/IEC 18013-5:2021.
- Cobertura nacional e internacional: 31 provincias, Distrito Nacional y 10 ciudades extranjeras, incluyendo Puerto Rico, Bruselas, Barcelona, Boston y Nueva Jersey.
- Evaluaciones médicas completas: visión, audición y pruebas psicológicas supervisadas por el Ministerio de Salud Pública.
- Pruebas de conducción: sistema híbrido con simuladores y vehículos físicos.
- Sistema de puntos: se implementará por primera vez en cumplimiento de la Ley 63-17.
- Cero costos al Estado: el servicio será financiado con las tasas actuales, sin incremento para los ciudadanos.
- Transparencia total: veeduría ciudadana y expediente público.
El director del Intrant destacó que este proceso marca un cambio profundo en la gestión pública: el software y la data pasarán a ser propiedad del Estado dominicano, garantizando soberanía tecnológica y protección de la información ciudadana.
Caso Dekolor
Durante la rueda de prensa también se informó que la empresa Dekolor, interesada en participar en la licitación, fue descalificada. Además, el Intrant, junto a su director ejecutivo, presentó ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) una querella penal contra la compañía y sus principales ejecutivos, Rogelio y Sandra Oruña.
