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Más de 2,700 casos fueron cerrados en 2024 sin llegar a juicio

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En los últimos cinco años, un total de 157,562 casos fueron judicializados en República Dominicana, de los cuales 7,825 fueron extinguidos sin llegar a una sentencia, según datos de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

La extinción de la acción penal ocurre cuando un proceso no se conoce dentro del plazo máximo de cuatro años establecido por el Código Procesal Penal. Solo en 2024, se cerraron 2,756 casos bajo este criterio, con las siguientes razones principales:

  • 1,335 casos sin detalles sobre los motivos.
  • 1,262 por vencimiento del plazo.
  • 136 por prescripción.
  • 14 por desistimiento.
  • Ocho por fallecimiento del imputado.
  • Uno por aplicación del criterio de oportunidad.

Distritos judiciales con más casos extinguidos

Las provincias con mayor cantidad de casos cerrados fueron:

  • La Vega: 1,043 casos.
  • San Cristóbal: 1,012 casos.
  • San José de Ocoa: 709 casos.
  • Distrito Nacional: 595 casos.
  • Monte Cristi: 408 casos.

En contraste, los distritos judiciales con menor número de extinciones fueron Dajabón e Independencia, con solo un caso cada uno.

Aumento significativo de casos cerrados

El crecimiento de extinciones ha sido notable en los últimos años. En el Distrito Nacional, por ejemplo, se pasó de 124 casos en 2020 a 183 en 2022, y en 2024 hubo un aumento del 150% con respecto a 2023. San Cristóbal registró un incremento aún mayor, pasando de 9 casos en 2020 a 368 en 2024, lo que representa un aumento de más del 3,000%.

Casos emblemáticos extinguidos

Entre los procesos más notorios que fueron extinguidos se encuentran:

  • Caso Super Tucano: En septiembre de 2023, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró la extinción de la acción penal en este caso de corrupción, en el que se pagaron sobornos por la compra de aviones de combate. Sin embargo, en diciembre de 2024, la Corte de Apelación revocó la extinción y ordenó reiniciar el juicio.
  • Caso Bahía de las Águilas: Este proceso sobre la venta irregular de terrenos en una zona protegida terminó en 2018 con la extinción de la acción penal.

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